Amplio rechazo a la candidata de Macri para la Procuración

El PJ desistió de apoyar la candidatura de la jueza Inés Weinberg de Roca como procuradora general de la Nación y el oficialismo se quedó sin los votos necesarios para designarla como jefa de lxs fiscalxs. El rechazo se motorizó por las impugnaciones de organismos de Derechos Humanos, que recordaron un reportaje donde la magistrada ponía en duda las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

De hecho, en la noche del martes se suspendió la reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado, ya que el peronismo adelantó que no daría quórum para tratar el nombramiento. De esta manera, Cambiemos no alcanzará los votos necesarios, puesto que cuenta con 25 senadores y necesita el apoyo de 48 para concretar su objetivo.

En este contexto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, le dijo a la Radio Continental que “es optimista” y espera conseguir los votos para la designación, ya que a su entender la jueza «no ha recibido impugnaciones serias». «Esperamos llegar a un acuerdo en el Senado para que sea elegida procuradora», afirmó.

Cabe recordar que el 31 de julio pasado, Weinberg de Roca defendió su pliego en una Audiencia Pública en la que respondió consultas de los legisladores y escuchó las impugnaciones antepuestas por los organismos de Derechos Humanos. Desde Abuelas de Plaza de Mayo, habían advirtido que las posiciones públicas de la candidata oficialista “no resultan coherentes con los estándares alcanzados en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en la Argentina”.

Asimismo, desde la entidad que preside Estela de Carlotto recordaron que,  al ser consultada por el proceso de justicia en Ruanda, Weinberg contestó: “Tengo el sentimiento de que es justicia de un solo lado; no tan diferente de la justicia en mi país, pero en Argentina también hubo justicia de un solo lado, y eso no está bien”.

En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó un análisis minucioso de las posiciones definidas por la jueza como miembro del Tribunal Superior de Justicia porteño y se mostraron preocupados por “el perfil conservador y restrictivo respecto de los Derechos Humanos y el acceso a la justicia, en tanto puede significar un retroceso en el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal”.