En un juicio abreviado, la Justicia condenó a un grupo de siete jóvenes que habían golpeado gravemente a un chico porque era gay a realizar tareas comunitarias en instituciones que bregan por los derechos de la comunidad LGBTI. La pena acordada fue de tres años de prisión en suspenso y las actividades deberán realizarse en el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, en la Casa Trans y en el Servicio de Endocrinología del Hospital Fernández.
El hecho ocurrió el 1° de diciembre de 2017, cerca de las 6.30, en el local de comida rápida McDonald’s ubicado sobre la avenida Córdoba al 3800. Allí estaba Jonathan Castellari, de 26 años, junto a un amigo hasta que ingresaron al local los siete imputados, Gastón Trotta, Alejandro Trotta, Rodrigo Cardozo, Juan Ignacio Olivieri, Facundo Curto, Juan Bautista Antolini y Jonathan Romero.
Luego de una breve discusión, el grupo comenzó a agredir a Jonathan por su orientación sexual. Lo golpearon hasta que otro joven logró distraer al grupo y ambos pudieron salir corriendo. El joven golpeado fue trasladado al Sanatorio Güemes, donde le diagnosticaron traumatismos en ambos ojos –con fractura de piso y cara interna de la órbita derecha–, rotura y fisura de los dientes centrales, distensión muscular y hematomas y lastimaduras por todo el cuerpo. Luego de este episodio, Jonathan comenzó a sufrir ataques de pánico, lo que lo obligó a someterse a un tratamiento psiquiátrico y psicológico.
A través de un acuerdo de juicio abreviado firmado con la fiscalía, los siete procesados aceptaron su responsabilidad en la agresión y acordaron con el fiscal Fernando Fiszer una pena de tres años de prisión en suspenso por haber cometido el delito de “lesiones graves calificadas por haber sido cometidas con odio hacia la orientación sexual”. Ahora, la jueza María Cristina Bértola, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 deberá evaluar si homologa el acuerdo que incluye la realización de tareas comunitarias.
Además de la pena a tres años de prisión en suspenso, que es la primera que contempla el agravante por odio a la orientación sexual, el fiscal pidió 96 horas de trabajo no remunerados. Asimismo requirió que se disponga la concurrencia de todos ellos al curso sobre Discriminación y Derechos dictado por el Inadi.
Fuente: Página/12
