Corte Suprema de Justicia: ¿comenzamos el debate?

*por Maximiliano Rusconi Publicado en Identidad Colectiva 

Quisiera comenzar esta columna remarcando algunas obviedades. Perdón a quienes se han lanzado al desafío y la aventura de leer estas reflexiones, pero mi comienzo requiere una aclaración previa. Atravesamos una época en la cual no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera acerca de si vale la pena evitar morirnos antes de tiempo, por ello sugiero que los consensos los construyamos partiendo de lo obvio. Hecha esta aclaración metodológica, avancemos.

La primera obviedad que quiero compartir se refiere a clarificar un concepto tan trascendente como trillado y manipulado, el de independencia judicial.

Por alguna razón, sólo explicable en clase de química orgánica, los miembros de las diferentes Cortes Supremas de la historia de nuestro país, salvo muy honrosas excepciones, han creído que la garantía republicana de la independencia judicial se debe expresar en un constante, completo y perfecto alejamiento de la gente. Algo así como el distanciamiento social obligatorio que nos impone esta pandemia, pero para siempre.

Sin embargo, y en forma paralela, esta independencia no ha impedido un permanente acercamiento a los poderes ejecutivo, legislativo, mediático y económico.

Los pasillos del máximo tribunal son los menos transitados por la gente común, pero bastante conocidos por algunos sujetos poderosos.

Qué distinto hubiera sido todo si, al revés, la Corte Suprema de Justicia, hubiera abandonado esa invisibilidad comunitaria para recostarse sobre el común de la gente, obteniendo allí las fuerzas necesarias como para poder mantener una saludable distancia de los poderes formales e informales.

Independencia judicial no es igual a independencia de la gente.

Segunda obviedad: no ha habido en el mundo ningún experimento en la ciencia política que demuestre que se puede vivir en una sociedad democrática y bajo el resguardo del Estado de Derecho, sin un poder judicial independiente, protagónico, prestigioso y honesto.

Tercera obviedad: un modelo de estado y de gobierno sin un poder judicial protagónico deja librados a su suerte particularmente a los más vulnerables. Y sabemos que la suerte de los más vulnerables es, por lo general, mala.

Cuarta obviedad: aún sin ser un devoto sacrificado de los números y estadísticas, nadie negaría esta relación que paso a exponer. Veamos: la evolución demográfica de cualquier país y del mundo en general (aumento de la población) implica un aumento del nivel de conflictividad. En este sentido es lógico pensar que los niveles en permanente evolución ascendente de la conflictividad requieren un aumento (en lo posible proporcional) del número de miembros del poder judicial que deben atender a esos casos. Algo así como que si tengo 100 casos que en el año 1 van a ser atendidos por 4 jueces (25 casos por juez), si en el año 50 tengo 1000 casos, no puedo pretender que esos mismos 4 jueces resuelvan los 250 casos resultantes con idéntica eficacia, calidad y rapidez.

Algún amigo rápido de reflejos no tardará en acotarme que lo lógico sería que en el año 50 haya 40 jueces. Yo no me subiría tan rápidamente con sed de triunfo a esa lógica sencilla. Pero es claro que si pretendo ignorar la cantidad de casos como elemento variable, me arriesgo al reto de mi amigo Adrián Paenza.

Quinta obviedad: sin lugar a dudas un país en el cual la voz de la cabeza del poder judicial es escuchada, respetada y tiene una presencia institucional y social relevante, parece ser un lugar donde empieza a dar ganas de vivir y de proyectar la vida de nuestros hijos.

Sexta obviedad: aún en modelos judiciales de gran participación ciudadana (juicio por jurados), es un valor que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia reflejen análisis jurídicamente profundos. Claro que esto no quiere decir que se use un lenguaje inentendible, sino todo lo contrario. Un profesor siempre me decía que no hay mejor aliado de los chantas que las palabras difíciles. Yo he usado ese detector y me ha dado resultado.

Séptima obviedad: esa necesaria calidad en las decisiones del máximo tribunal (por lo menos) requiere que los miembros de la Corte además de trayectorias transparentes y honestidad intelectual, tengan una gran formación jurídica (verificable, no ocultable)

Octava obviedad: el ámbito del derecho es muy amplio y uno no puede ser especialista en todo. Si se me permite (y si no también) voy a contar una experiencia personal. De niño (acompañado por mi inclaudicable vocación por encarar misiones imposibles), me presenté en mi querido Club Ferrocarril Oeste a una prueba para ingresar en los planteles infantiles de fútbol. Cuando llegué ya había empezado el partido de práctica y el profesor me preguntó: “¿vos, de que jugás?” Luego de un tartamudeo que me pareció eterno llegué a contestarle que a veces me gustaba ser arquero, pero podría desempeñarme bien en el medio –de 5- y que de vez en cuando hacía goles. Por supuesto mi intento fracasó rotundamente casi ya antes de ingresar a la cancha a jugar tres o cuatro minutos.

Trasladado al mundo jurídico mi respuesta de la niñez sería equivalente a decir que uno es especialista en derecho de daños, pero que anda muy bien en las querellas sobre delitos vinculados al cibercrimen, sin olvidar un gran desempeño en las acciones declarativas de certeza, pasando por el derecho medio ambiental, aunque mostrando ciertas inclinaciones a la regulación normativa de los recursos naturales, pero llegando incluso a tener altos niveles de eficacia en el manejo de temas como el derecho penal tributario, los casos de mala praxis médica, y los detalles propios del delito de balance falso.

La especialización, por lo menos dividiendo el universo jurídico en grandes sectores, es una gran aliada de la calidad de las decisiones.

Con la demarcación de estas ocho obviedades nos debería alcanzar a todos para comprender la necesidad de encarar alguna reforma en una institución tan importante y emblemática como la Corte Suprema de Justicia. Veamos.

Como sabemos hoy la Corte Suprema de Justicia tiene 5 miembros.

Contamos con un especialista en filosofía del derecho, otro en derecho privado, otra en mediación y sistemas alternativos de resolución de conflictos, otro en derecho constitucional y municipal y el último en derecho constitucional y ciencia política.

Como ya lo he dicho en el marco de una red social: la Constitución Nacional dispuso en el año 1860 que la Corte tuviera 9 miembros. Según lo que nos informa el primer censo nacional, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, la Argentina tenía cerca de 1.900.000 habitantes.

Ello nos otorga en 1860 una tasa de un juez de la corte aproximadamente cada 211.000 habitantes, en un país con una infinitamente menor hipótesis de conflictividad (por un conjunto enorme de razones que aquí no pueden ser explicadas sociológicamente).

En 1960 se dispone una integración de 7 miembros y el país, bajo la conducción de Frondizi, cuenta ya con 20.000.000 habitantes. Un país más conflictivo, más moderno, con un sistema de relaciones de mayor complejidad, pero una tasa de un juez de la Corte cada 2.800.000 habitantes.

Hoy en dia el país cuenta con una población aproximada de 44.000.000 de habitantes y en el 4to piso del Palacio de Talcahuano 555 hay sólo 5 jueces de la Corte: una tasa de un juez cada 8.800.000 habitantes. Una evolución que marca a las claras cuál es el lugar que se pretende para la Corte Suprema de Justicia.

En el año 2018, el máximo tribunal dictó 6814 sentencias. 2338 fueron sentencias penales (el mayor número), 1084 previsionales, 616 de derecho administrativo, 404 relativos a derechos del consumidor, 715 de derecho laboral y 313 de tributario y bancario. Ello hace una suma de 5470 casos de especialidades que son desconocidas en cuanto a la formación prioritaria de cada magistrado. Es decir el 80, 27 % de las sentencias no tuvo ni una sola voz autorizada (en lo que respecta a la especialidad) en el máximo tribunal. Leyendo lo que han resuelto, por lo general, con todo respeto, esa carencia se ha notado.

Ahora bien, el problema principal es que quien se acerca de modo objetivo a las estadísticas del máximo tribunal en un segundo empieza a sospechar que ni siquiera son los jueces quienes resuelven los casos. Veamos. Si tomamos el número de 6814 sentencias dictadas durante 2018 (que en realidad debe sumarse a la cantidad de casos leídos, estudiados, y que no logran obtener sentencia en ese año), veremos que si relacionamos ese número con los 248 dias laborables (ni siquiera cuento la por demás generosa feria judicial), resulta que la Corte ha dictado 27, 47 sentencias por dia (como no hay división en salas todos los magistrados deben trabajar en todas las causas) ¿Alguien puede pensar seriamente que los miembros del tribunal supremo han dictado 27,47 sentencias por día o es más racional imaginar que se ha tratado de una escandalosa delegación de funciones, casi rayana en la falsedad ideológica?

A quien la división en salas le parezca un dato exótico, habrá que invitarlo a recorrer algunos tribunales supremos de las provincias y, en todo caso, revisar qué sucede en el ámbito de la Procuración General de la Nación (la cabeza del Ministerio Público que litiga ante la Corte Suprema) Allí los procuradores fiscales se dividen en penal, público-no penal y privado.

Esta Corte Suprema ha dado muestras de cierto glamour para inaugurar con discursos elocuentes el año judicial (copiando lo que sucede en España), una envidiable capacidad de reacción para salir a apoyar a los jueces federales funcionalmente criticables o para funcionar como una cancillería suplente en la cual se toman fotos elegantes, pero ha dejado desde hace décadas (salvo alguna excepción) a los sectores mas vulnerables al vaivén de sus destinos y de su (mala) suerte.

Es el momento de debatir qué papel queremos para el máximo tribunal en momentos en los cuales debemos reconstruir el país y nuestra ética comunitaria. El presidente ha manifestado su opinión en contrario a esta reforma, pero si no entendí mal, nos invita a debatir y convocará a un consejo asesor. ¡Pues, debatamos!

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