En un nuevo capítulo del hostigamiento judicial contra la Procuradora, el juez Julián Ercolini consideró a la funcionario como «coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública». Además, ordenó un embargo sobre sus bienes por 7 millones de pesos. A continuación, el dictamen completo difundido por el Centro de Información Judicial:
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