Derecho a la ONU

Una delegación de la organización Abogados por la Justicia Social (AJUS) se reunió este jueves en Perú con el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, ante quien reiteraron la denuncia por «el riesgo que corre el estado de derecho y el propio sistema democrático de la República». El presidente de AJUS, Emanuel Desojo, estuvo acompañado por el abogado Maximiliano Rusconi, que viajó en representación de Iniciativa Justicia, y por José Schulman, el referente de la Liga por los Derechos del Hombre.

Lxs denunciantes presentaron un documento en el que relatan «cómo se ha visto vulnerada la estabilidad de los funcionarios judiciales y el equilibrio de la representación en las instituciones y órganos del Sistema Judicial a través de amenazas explícitas, acciones mediáticas de desprestigio, utilización del sistema de control judicial para disciplinar sentencias adversas a los intereses políticos y económicos, y la cobertura de cargos por mecanismos contrarios a la legislación entre otros». Para ello, mencionaron 13 casos en los que se evidencia la puesta en marcha de «un plan sistemático y estructural de disciplinamiento y amedrentamiento del Poder Judicial y que involucran a los poderes políticos y económicos, en connivencia con las empresas hegemónicas de medios de comunicación».

Luego de leer el escrito, García Sayán requirió documentación complementaria para iniciar el trámite correspondiente y anticipó que se comunicará con el gobierno argentino para conocer la postura oficial. Desde AJUS hicieron alusión a 13 «casos concretos y fundamentados que ilustran el ‘Plan sistemático’ de cooptación del Sistema Judicial Argentino» y fueron enumerados en una lista:

1) la designación de dos jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto;
2) la cooptación política del Consejo de la Magistratura por parte de la fuerza que preside el Ing. Mauricio Macri;
3) el ataque a la Procuradora General de la Nación, Dra. Gils Carbó;
4) la manipulación de la jubilación de la Dra. Highton de Nolasco, la arbitrariedad de su mantenimiento, y el cambio de su posición jurídica;
5) la designación ilegal del Juez Culotta en la Competencia Electoral de la Prov. de Buenos Aires para las elecciones del año 2015;
6) la designación ilegal del Juez Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal;
7) la designación ilegal del Juez Bruglia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal;
8) el ataque a los abogados y jueces laboralistas por parte del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y sus legisladores;
9) el ataque por parte del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y sus legisladores, al Juez Daniel Eduardo Rafecas y su sanción;
10) el ataque a los jueces Jorge Ballesteros y Eduardo Farah por parte del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y sus legisladores;
11) el ataque al Juez Federal de Dolores, Dr. Alejo Ramos Padilla;
12) la manipulación de Fiscales en la causa “Correo Argentino S.A. S/ Concurso Preventivo”;
13) las presiones a la Jueza María Romilda Servini de Cubria por parte del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y sus legisladores.

La presentación proporcionada al relator de ONU fue respaldada por varias organizaciones de Derechos Humanos, entre las que se destacan Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza De Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (A.P.D.H.), la Asociación Civil H.I.J.O.S, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (C.E.P.I.S.), la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asociación Argentina de Juristas (AAJ) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Desde AJUS alertaron por «el carácter sistemático y estructural del plan de cooptación y disciplinamiento del sistema judicial argentino, mediante la injerencia que involucra a los poderes políticos y económicos, en connivencia con las empresas hegemónicas de medios de comunicación». En este sentido, recordaron que «las Naciones Unidas ha adoptado un criterio estructural para abordar este tema» y recalcaron que «no se trata
únicamente de la defensa de particulares que ejercen actividades judiciales o están vinculados con ellas; la cuestión se sitúa en un contexto institucional de promoción de separación de poderes, régimen democrático y estado de derecho. La calidad de la administración de justicia tiene un efecto directo en la democracia y el desarrollo de los Estados».

Según detallaron desde la organización, ahora el Gobierno deberá expedirse frente a la denuncia en un plazo de seis meses. El Relator para el seguimiento podrá realizar recomendaciones a los Estados encaminadas a salvaguardar y fortalecer la independencia de la magistratura y la abogacía, así como a consolidar los correspondientes instrumentos normativos. La respuesta del Estado se transmite luego a los denunciantes que puede presentar observaciones», explicaron desde AJUS.

Asimismo, indicaron que en caso de que la respuesta del Gobierno argentino no resulte satisfactoria, el relator podría «celebrar consultas con representantes del Estado parte interesado». «Inclusive, algunos miembros de órganos de tratados han efectuado visitas a Estados partes, por invitación de estos, para realizar un seguimiento del informe y de la aplicación de las observaciones finales», recordaron.