El equipo directivo del Colegio de la Ciudad emitió un comunicado en el que advirtió por «las consecuencias para el Estado de Derecho» del nuevo reglamento de uso de armas de fuego promovido por el Gobierno Nacional. «La resolución oficial reactualiza una pregunta latente y profunda sobre la problemática de la seguridad y sus soluciones posibles», añadieron.
En el escrito, que se adjunta a continuación, lxs docentes aseguraron que la nueva reglamentación «empodera la discrecionalidad del personal policial en la definición de un “peligro inminente” que es definido en una vaguedad que aloja a casi todas las justificaciones esgrimidas habitualmente por los agentes ante el cuestionamiento judicial frente a un accionar que hasta la semana pasada era ilegal».
«Preocupa qué consecuencias tiene esta modificación en su posible aplicación en las manifestaciones públicas, habida cuenta de las detenciones arbitrarias y el accionar de los operativos de seguridad en casos recientes», añadieron.
Asimismo, resaltaron que «esta discusión traduce un humor social que comienza a naturalizar cada vez más la violencia como práctica, como vínculo, como solución, como política de Estado».
Y puntualizaron: «como ciudadanos y educadores nos preguntamos:
– por las falsas dicotomías entre “mano dura” y “garantismo” como encerrona que no permite pensar ni encontrar soluciones alternativas al siempre presente problema del delito;
– por la regulación cuando es falta de regulación y la víctima es la sociedad democrática en su conjunto;
– por los modelos de estado, de sociedad, de definición de un otros/nosotros profundo que se juega en este tipo de definiciones normativas;
– por la necesidad de alerta, atención, lectura, discusión sobre la generalización de esa violencia que se expande y se comienza a naturalizar en nuestras relaciones sociales, en los modos de ver y tratar al otro, en los debates públicos y entonces, claro, en las políticas públicas que vienen a dar respuesta o expresión y/o a reforzarla y recrearla»
El comunicado completo
El equipo de dirección del Colegio de la Ciudad ante el “Reglamento general para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad” (Resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación).
Una resolución del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial el lunes pasado, amplía la nómina de circunstancias y flexibiliza criterios para el uso legal de armas de fuego por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales.
La normativa previa sólo habilitaba el uso de armas de fuego en circunstancias excepcionales y como último recurso ante el riesgo de vida y “legítima defensa” en el marco de enfrentamientos con personas armadas; un uso delimitado por criterios de moderación y proporcionalidad relativa a la gravedad del delito, reducción al mínimo de daños y lesiones, y respeto y protección de la vida humana. Así, se regulaba la utilización de la fuerza estatal, encuadrada por los protocolos internacionales y normativas internas en materia de seguridad y derechos humanos. Cualquier utilización por fuera de estas situaciones podía ser considerada ilegal y materia de intervención judicial.
Aunque la nueva resolución dice sustentarse en normativas internacionales, habilita –según se detalla en sus artículos 2, 3 y 5- la utilización de armas de fuego en todas aquellas situaciones que pudieran suponer “peligro inminente” o “presunción verosímil” de peligro, a criterio del agente de seguridad actuante en cada caso. El “peligro inminente” es definido en el artículo 5 en una variedad de circunstancias que incluyen posesión o presunción de posesión de arma letal o similar, movimientos que indiquen inminente utilización, participación en un grupo donde un otro pudiera portar un arma, o cuando –aún sin portación de armas- existiera posibilidad cierta o probable de producir muerte o lesiones graves, entre otras. Se habilita también su utilización en situaciones de fuga para lograr una detención, o tras haber causado o intentado causar muertes o lesiones graves.
Quienes defienden la nueva regulación, aducen la necesidad de actualizar los protocolos, atendiendo a la seguridad como derecho transversal, a la particularidad y gravedad de los delitos que deben enfrentarse actualmente en defensa de la integridad de la vida de la ciudadanía en su conjunto y de la vida de los agentes. Se alude la necesidad de presumir como legítimo el accionar de los agentes de seguridad, modificando normativas que actualmente maniatarían su tarea.
Quienes como nosotros cuestionan la nueva resolución advierten –entre otras cosas- las consecuencias posibles para el Estado de derecho; su contradicción con los protocolos y tratados internacionales en materia de seguridad y derechos humanos; el empoderamiento, “autogobierno”, arbitrariedad e impunidad que estas modificaciones reforzarían en relación al accionar tantas veces abusivo de las fuerzas de seguridad; la limitación y privación de las facultades del Poder Judicial para la supervisión del uso de la violencia estatal; el desdibujamiento de la presunción de inocencia como principio. También, lo que sería la legalización del llamado “gatillo fácil” en la instalación de hecho de la pena de muerte sin siquiera debido proceso. Estas críticas dieron lugar en los últimos días a recursos de amparo, a una medida cautelar que prohíbe –por inconstitucional- la implementación del nuevo reglamento en la Ciudad de Buenos Aires y a la oposición manifiesta de los gobiernos de varias provincias.
La resolución oficial ~suscitó enorme polémica. Y no es para menos. Porque reactualiza una pregunta latente y profunda sobre la problemática de la seguridad y sus soluciones posibles. Porque pone sobre la mesa una vez más los contornos de aquello que es entendido y definido socialmente como seguridad, inseguridad, ciudadanía y delincuencia. Sobre quiénes somos nosotros y quiénes los otros. Porque en la legislación se juega la delimitación de los usos legales de la violencia estatal y la preservación de los derechos humanos de las personas. Y se delimita también, explícita o implícitamente, quiénes son las personas cuya integridad vital puede y debe ser preservada. Porque empodera la discrecionalidad del personal policial en la definición de un “peligro inminente” que es definido en una vaguedad que aloja a casi todas las justificaciones esgrimidas habitualmente por los agentes ante el cuestionamiento judicial frente a un accionar que hasta la semana pasada era ilegal. Porque la discusión se da en un contexto de recrudecimiento de las soluciones represivas al conflicto social. Porque preocupa qué consecuencias tiene esta modificación en su posible aplicación en las manifestaciones públicas, habida cuenta de las detenciones arbitrarias y el accionar de los operativos de seguridad en casos recientes. Porque la violencia institucional y el abuso policial son un problema tan profundo y fehaciente como la inseguridad que se busca combatir. Porque, según informes de la Correpi, hay un muerto cada 23 horas debido al accionar de las fuerzas de seguridad.
Esta discusión traduce un humor social que comienza a naturalizar cada vez más la violencia como práctica, como vínculo, como solución, como política de estado.
Como ciudadanos y educadores nos preguntamos:
– por las falsas dicotomías entre “mano dura” y “garantismo” como encerrona que no permite pensar ni encontrar soluciones alternativas al siempre presente problema del delito;
– por la regulación cuando es falta de regulación y la víctima es la sociedad democrática en su conjunto;
– por los modelos de estado, de sociedad, de definición de un otros/nosotros profundo que se juega en este tipo de definiciones normativas;
– por la necesidad de alerta, atención, lectura, discusión sobre la generalización de esa violencia que se expande y se comienza a naturalizar en nuestras relaciones sociales, en los modos de ver y tratar al otro, en los debates públicos y entonces, claro, en las políticas públicas que vienen a dar respuesta o expresión y/o a reforzarla y recrearla.
