El expediente Vicentín

La deuda de Vicentin por 99.345.263.086,50 de pesos a 2638 acreedores nacionales e internacionales demuestra que la empresa a expropiar por el Gobierno Nacional tiene dimensiones siderales y no es un negocio familiar como pretende instalar la oposición. La compañía que se desprendió del 16.67% de acciones de la empresa Renova a favor de su socia Glencore está sospechada de fugar su capital a paraísos fiscales para no pagar sus deudas millonarias.
Los casi cien mil millones de deuda se reparten entre 1895 acreedores por compra de granos, 586 proveedores de bienes y servicios, 37 acreedores financieros, 19 fiscales, aduaneros y de la seguridad social, 98 accionistas y 3 sociedades vinculadas con créditos. Además de los bancos públicos y privados nacionales, aparecen otros internacionales de Japón, Estados Unidos y Países Bajos. Entre ellos está el Internacional Finance Corporation de Washington con una deuda de $ 16.504.816.942,93, el Netherlandese Financerings de La Haya ($ 9.228.424.363,39) y el Ing Banl NV de Tokyo ($ 4.420.044.585,94). Todos ellos se suman a los bancos públicos, principales acreedores de Vicentin: Banco Nación ($ 18.182.297.617,70), Banco Provincia ($ 1.814.311.396,16), Banco BICE ($ 313.233.794), Banco Ciudad ($318.704.741,10), Banco Hipotecario ($ 752.970.148), Banco Macro ($653.343.778), Banco Entre Ríos ($508.177.600), Banco Itaú ($374.522.080)y Banco Santa Fe ($372.533.424).

En total, tiene una deuda financiera de $ 63.961.563.645,69 a la que se le suman $ 25.656.961.525,51 correspondiente a los acreedores por venta de granos. Además, Vicentin tiene acciones en otras 19 empresas y un total de 1287 empleados en relación de dependencia directa en Avellaneda, Reconquista, San Lorenzo, Ricardone, Granadero Baigorria, Capitán Bermudez, Rosario y otras de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal.

Los dueños de la empresa a los que lxs referentes de Cambiemos defienden con vigor responsabilizaron al gobierno de Mauricio Macri por su situación económica. Entre los argumentos que Vicentin presentó en el concurso preventivo indicó “el abandono por parte del gobierno nacional durante el año 2018 de políticas arancelarias que promovían la mayor rentabilidad del sector”.

“Aseveró la concursada que la volatilidad de los mercados financieros antedichos, la necesidad de acudir al endeudamiento comercial, sumado a las condiciones climáticas adversas, importación de materias primas desde Brasil y Estados Unidos y el abandono por parte del gobierno nacional durante el año 2018 de políticas arancelarias que promovían la mayor rentabilidad del sector, habrían sido los elementos que signaron desfavorablemente su suerte, hacia fines del año 2018 y comienzos del año 2019”, sostiene el juez Fabián Lorenzini en su escrito.

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