El flete de Dietrich

– Investigación Especial –

Durante la gestión macrista, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso a disposición escoltas para que las empresas privadas trasladen componentes de molinos para parques eólicos. El Estado gastó más de 47 millones para garantizar seguridad a camiones privados y dejó de prevenir accidentes de tránsito. El exministro de Transporte Guillermo Dietrich firmaba las actas en las que se autorizaban estos convenios por los cuáles el Estado Nacional, a través de la ANSV, les garantizaba protección a los desarrolladores privados para que trasladen astas. Fueron 420 operativos que provocaron que en lugar de controlar 8.583.740 de vehículos para evitar accidentes viales, la ANSV controlara la mitad: 4.152.647. Se trata de convenios realizados con las las empresas PREAR PRETENSADOS ARGENTINOS S.A., TRANSPORTES VERNAZZA S.R.L. y ROMAN SERVICIOS S.A., cuyos camiones fueron acompañados por las rutas de todo el país por patrullas oficiales para trasladar con seguridad los componentes de molinos de generación de energía eólica.

Cynthia García contó que el costo total que pagó el Estado nacional para apoyar a los privados fue $47.109.564,52, un 25% del presupuesto ejecutado. “El informe oficial dice que impactó directamente en las actividades que tendría que haber hecho la Agencia y en el objetivo, que es fiscalizar y controlar las principales causas de riesgos viales. Se dejó de controlar la alcoholemmia, exceso de velocidad, uso de cascos en las motos y uso de cinturón de seguridad. Todo eso no se hizo, hubo una estrepitosa caída en los controles para evitar los accidentes viales. El objetivo principal de la ANSV es salvar vidas. Mueren 15 personas por día”, afirmó García en su columna en el programa “Hagan algo”, por C5N.

Un informe realizado por la actual conducción, indica que “de ninguna manera la Agencia Nacional de Seguridad Vial puede desviar su principal atención y su leitmotiv de velar por el respeto a las normas de tránsito para así salvaguardar la vida (…) para brindar ‘apoyo’ a una empresa privada cuyo desarrollo comercial interfiere en el normal desarrollo del tránsito…”. Además, agrega que “destinar al personal de control y a sus móviles al operativo de traslado aspas a los parques eólicos generó una estrepitosa caída en la fiscalización de los principales de riesgo vial: alcoholemia, exceso de velocidad, no uso de casco en motos, no uso de cinturón de seguridad. En un país en el que 15 personas mueren por día en siniestros viales y en el que la inseguridad vial es la principal causa de muerte en niños y jóvenes menores de 35 años, las rutas nacionales quedaron huérfanas de controles”.