El juez Casanello rechazó enviar la causa por los aportantes truchos a la justicia de La Plata

A través de un fallo conocido esta tarde, Sebastián Casanello rechazó la inhibitoria planteada por el juez electoral platense, Adolfo Gabino Ziulú y decidió no trasladarle la causa que investiga la financiación de la campaña 2017 de Cambiemos a nivel provincial. El caso, generado a través de una investigación del periodista Juan Amorín en El Destape, fue presentado a la Justicia a través de la ONG La Alameda. Ahora, se investiga la posible comisión de delitos de de asociación ilícita, lavado de activos y falsedad ideológica.

La respuesta de Casanello llega después de que el juez subrogante en el Tribunal Electoral de La Plata le pidiera el envío del expediente alegando la supuesta competencia electoral del caso. En el fallo que se adjunta a continuación, Casanello le retrucó que “estamos en presencia de dos procesos de distinta naturaleza. El que venimos llevando adelante es una investigación judicial penal, orientada a comprobar si existe un hecho delictuoso, sus circunstancias; individualizar a los partícipes; y comprobar la extensión del daño causado (art.193 CPP). El que se encuentra a cargo del Dr. Ziulú, en cambio, es una pesquisa en materia electoral”.

“Los actos de instrucción realizados hasta el momento han tenido por norte corroborar las falsedades y establecer el origen de las filtraciones, sobre la base de que las personas cuya identidad fue utilizada ardidosamente integran bases de datos de organismos federales con sede en esta Ciudad Anses, INAES, Ministerio de Desarrollo Social-. En esta última circunstancia reposa hoy la competencia de este juzgado”, explicó Casanello.

En tanto, el magistrado sumó que las “diligencias aquí practicadas tienen por finalidad corroborar los hechos denunciados y si aquellos afectaron no sólo el normal desenvolvimiento de organismos de naturaleza federal con sede en esta ciudad de Buenos Aires con posible participación infiel de algún funcionario (mediante el presunto acceso a sistemas informáticos de ANSES, Ministerio de Desarrollo Social y/o INAES, entre otros), sino también si involucraron una hipótesis de lavado de activos de origen ilícito, tal como fuera presentado el caso por el denunciante e impulsado por el acusador público”.

Asimismo, el magistrado destacó las medidas que pidió luego de aceptar la investigación del caso: “Se ordenó la confección de un informe pericial caligráfico tendiente a establecer si las fichas de afiliación de los ciudadanos convocados por el Tribunal eran auténticas o falsas, sobre el presupuesto de que los testigos no sólo negaron haber aportado sino también, en su enorme mayoría, ser afiliados. También se dispusieron diligencias en otras jurisdicciones para continuar recolectando testimonios de personas que figuran como aportantes privados de la campaña aludida”, subrayó.

A continuación, el fallo completo

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