El Poder Ejecutivo anunció que no participará de la reunión de la Comisión para la Coordinación y Agilización de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad que estaba convocada para hoy por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, le enviaron una carta al presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, quién convocó la reunión y declinaron su participación de la Comisión Interpoderes por considerarla “oportunista”.
El espacio de trabajo conjunto entre los tres poderes del Estado fue establecido a través de la acordada de la Corte Suprema N° 42/08 para coordinar de manera periódica las acciones para llevar adelante el proceso de juzgamiento de los responsables de los delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar. Sin embargo, desde el Gobierno Nacional recalcaron que a partir de la última reunión, realizada el 23 de septiembre de 2016, “el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso”. Y agregaron: “en este contexto, la repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la Presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos, que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no deja de resultar oportunista”.
El texto se refiere a los pedidos que distintos organismos de Derechos Humanos le hicieron a lxs miembros del máximo tribunal para que avancen los juicios que están en curso.
“Es indiscutible que las causas que se sustancian para juzgar los crímenes de lesa humanidad atraviesan un período de notorio estancamiento. Esta preocupante situación se ve agravada por el contexto de la pandemia. Es sabido que el letargo en el que se encuentran sumergidas estas causas, muchas de ellas pendientes de un fallo de la Corte Suprema hace varios años, implica necesariamente la consolidación de la “impunidad biológica”: los responsables de estos aberrantes delitos mueren sin condena; y las víctimas y familiares también fallecen sin alcanzar la justicia que el Estado les debe garantizar como forma de reparación”, sostiene la misiva.
Este letargo contrasta con la celeridad con la que Rosenkratz coordinó el tratamiento del per saltum para el traslado de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
“En este contexto, la respuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debería ser categórica. Una verdadera política de Estado no se puede basar en convocatorias oportunistas; sino en un desempeño coherente, que incluya por parte del Alto Tribunal de nuestro país medidas institucionales sostenibles y fallos rápidos y respetuosos de los compromisos internacionales de derechos humanos”, agregaron Losardo y Pietragalla. Y recordaron que aún están pendientes de resolución causas emblemáticas como la “Masacre de Trelew”; la “Masacre de Capilla del Rosario”; o la de “Feced II”. A pesar de los reiterados pedidos de pronto despacho, el tribunal tampoco ha dictado sentencia en la causa conocida como “La Noche del Apagón”, en la que debe determinar la situación procesal de Carlos Pedro Tadeo Blaquier (de más de 90 años) y Alberto Enrique Lemos, ambos directivos de la empresa Ledesma.
