En 2007, Fino Palacios. Hoy, Operación Puff. Siempre Macri

El juez y abogado Juan María Ramos Padilla presentó este jueves un escrito ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura en el que denunció «la gravedad institucional de las acciones que se están llevando adelante para remover y obstruir la actuación» del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la causa que investiga la red paraestatal de Inteligencia integrada por el falso abogado Marcelo D’Alessio. «En estas acciones aparecen involucrados el Poder Ejecutivo Nacional, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), legisladores y magistrados federales», alertó.

En su presentación, el juez y abogado dijo que «resulta preocupante que aquellos que están llamados a corregir a los jueces, no adviertan a los magistrados y funcionarios públicos que han llevado adelante una captación, acumulación y circulación de escuchas violatoria de los preceptos más elementales del Estado de Derecho, no dispongan investigar a quienes aportan, filtran y distribuyen y utilizan esas escuchas, y por el contrario, tengan la pretensión de que quien investiga el espionaje ilegal y este tipo de prácticas ilegales en la Argentina se expida sobre ellas».

Asimismo, añadió que «resulta paradójico que en el juzgado de Dolores se investigue el modo en que los servicios de inteligencia introducen prueba ilegal en el circuito judicial y para lograr que el juez que interviene en la causa sea removido o sancionado, los involucrados en aquel proceso introducen prueba de manera ilegal en un expediente judicial que dirige otro de los investigados, con la que ahora se quiere avanzar en este Consejo de la Magistratura».

En este sentido, el abogado del juez federal de Dolores cuestionó las escuchas ilegales que se difundieron en medios oficialistas bajo el nombre de «Operación Puff», dijo que «nada prueban» y las desestimó porque fueron «tomadas sobre personas en estado de vulnerabilidad, en el marco de una causa en la que no se los investigaba, que nunca fueron transcriptas por orden de un juez, que se mandaron a destruir y que, luego, aparecieron mediante ‘anónimos’ que presentaron en la justicia los investigados en la causa de Dolores». «Pretender que un Juez analice estas ilegalidades es admitir que denunciantes, jueces y eventualmente los Sres. consejeros pueden incursionar con las escuchas de esta naturaleza y utilizarlas con propósitos contrarios a los que permite la ley y la Constitución Nacional», fustigó.

A lo largo de su escrito, el juez Ramos Padilla relató cronológicamente los hechos irregulares que contextualizan el pedido de remoción del juez de Dolores presentado por el representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura y apuntó directamente contra Mauricio Macri. En este marco, recordó que a partir de «la orden pública del Presidente de la Nación» a través de una entrevista con el canal América «comenzó una feroz persecución que incluía también amenazas futuras y rencores pasados». «El presidente refirió que “no es la primera vez” y que el juez de Dolores “ya ha hecho varias”, lo que importa la presunción de que luego de esta denuncia, se inicien ‘otras’ por hechos que se desconocen», explicó.

Para el juez Ramos Padilla, «la ‘Operación Puf’ o ‘Stornelli Puf’. no es más que la demostración de que existen algunos sectores de poder que son capaces de modificar las reglas de convivencia establecidas por nuestra Constitución y que se busca instalar un Estado omnipresente destinado a controlar las conversaciones -incluso la de aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como son las personas detenidas- para lograr objetivos ilegales y/o electorales».

«No podemos vivir en un estado totalitario que frente a la mención de un nombre –Bonadío o Stornelli- se active un procedimiento en el que interviene la AFI, se realizan escuchas ilegales, y se ponga a disposición de aquellos jueces y magistrados involucrados elementos que debían ser destruidos y fueron obtenidos a partir de una ‘excursión de pesca'», se quejó el representante legal del juez de Dolores, al tiempo que subrayó que «ni George Orwell pudo imaginar tal grado de control y depravación por parte de las estructuras del Estado».

En otro extracto de su presentación, el juez Ramos Padilla indicó que el uso de las escuchas ilegales a personas detenidas es «un aprovechamiento similar o incluso más grave por el que en su momento se investigó a funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por espionaje ilegal y escuchas ilegales y que involucró al entonces jefe de gobierno Mauricio Macri, a Jorge Fino Palacios, Mariano Narodowski, Ciro James y a los jueces de instrucción de la Provincia de Misiones Dres.José Luis Rey y Horacio Gallardo que fueron destituidos».

«La operación sería igual o más grave que la que se llevó a cabo con funcionarios del entonces gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y hace responsable especialmente a los jueces que disponen, almacenan y/o pretenden utilizar las escuchas de personas detenidas, -en algunos casos a su disposición- e investigan y avanzan en procesos a partir de una injerencia arbitraria del estado, en el caso de gran magnitud (si estamos a la cantidad de escuchas que estarían circulando)», amplió el juez.

Según Ramos Padilla, «la operación sería igual o más grave que la que se llevó a cabo con funcionarios del entonces gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y hace responsable especialmente a los jueces que disponen, almacenan y/o pretenden utilizar las escuchas de personas detenidas, -en algunos casos a su disposición- e investigan y avanzan en procesos a partir de una injerencia arbitraria del estado, en el caso de gran magnitud (si estamos a la cantidad de escuchas que estarían circulando)». «Todo el modo en que se recolectó reclamó, distribuyó, filtró, transcribió y finalmente entregaron a este Consejo la escuchas hablan de una operación direccionada en la que la responsabilidad de algunos funcionarios y magistrados aparece como evidente», completó.

El juez y abogado Ramos Padilla también resaltó en su presentación que la Agencia Federal de Inteligencia negó en su momento «haber aportado al Juzgado de Lomas de Zamora los producidos y transcripciones de tales escuchas, mientras que, contrariamente, dicho Juzgado asegura que tales intervenciones no generaron ningún informe ni transcripción por parte de la AFI, y que se ordenó la destrucción de los CD que contenían tales escuchas».

Asimismo, en la extensa presentación, Ramos Padilla cruzó a Stornelli y negó que la investigación que tramita en Dolores tenga como objetivo «perjudicar» la causa de las fotocopias de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno. «¿Qué tiene que ver con las maniobras de espionaje sobre la banda “Los Monos” en Rosario o con las acciones de espionaje en la República Oriental del Uruguay? ¿O con la coacción en perjuicio del ex directivo de PDVSA Argentina, Gonzalo Brusa Dovat o con las maniobras de espionaje en perjuicio del ex marido de la actual pareja del fiscal Stornelli? ¿O con el espionaje sobre José Gómez Centurión, con los hechos denunciados por Aníbal Fernández o por Antonio Jaime Stiuso, entre muchos otros? ¿O con maniobras internacionales de lavado de dinero? Absolutamente nada, pero como todo es una construcción mediática-política- judicial, se intenta que los hechos coincidan y se realizan afirmaciones que no tienen ni un mínimo de realidad, como aquella que afirma que magistrado de Dolores participa de una maniobra con la ex presidenta para afectar la causa cuadernos», enumeró.

Para Ramos Padilla, «existen funcionarios y magistrados que tienen que dar explicaciones de su accionar, pero claramente no es el caso del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que en todo momento actuó con transparencia y de acuerdo con la ley y la Constitución Nacional». El juez y abogado alertó que «se observa un interés especial por parte del gobierno nacional de afectar y perseguir a un juez que lleva adelante un proceso que los incomoda» y sostuvo que «la situación se vuelve especialmente grave cuando se observa la complicidad en la que podrían haber actuado jueces, fiscales, legisladores con miras a pre-constituir prueba ilegalmente obtenida y con prácticas que creíamos erradicas y que recuerdan los hechos por los que fue investigado en su momento el propio presidente de la Nación Mauricio Macri».