El Senado de la Nación convirtió en Ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, que establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.
La norma recibió 55 votos a favor, 1 en contra -por parte del senador cordobés del PRO, Ernesto Martínez-, y seis abstenciones. Todas las abstenciones fueron de legisladores de Juntos por el Cambio: Julio Cobos, Silvia Elías de Pérez, Humberto Schiavoni, María Belén Tapia, Roberto Basualdo y Laura Rodríguez Machado.
«Esta ley viene a compensar tanto dolor y tanto desamparo sufrido durante décadas y tantas vidas truncas», sostuvo Norma Durango, presidenta de la Comisión Banca de la Mujer.
La senadora, Durango, agregó: «Sancionar esta ley es reconocer la ciudadanía de esta población y quitarla de los márgenes de la discriminación».
Entre los beneficios que estipula la ley se encuentra la posibilidad de que la población travesti trans pueda ingresar al puesto de trabajo aunque no haya completado los ciclos de formación educativa, aunque se exige como condición que se retomen y finalicen esos estudios.
A su vez, la iniciativa prevé incentivos en las contribuciones patronales de 12 y 24 meses (dependiendo del tamaño de la empresa) en caso de contratar personal de este colectivo. «Las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la presente Ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales» por un año, dice el texto. El beneficio se extiende a dos en el caso de las pequeñas empresas
La ley también contempla el acceso a créditos en el Banco Nación con tasa preferencial para el financiamiento de proyectos productivos de personas de este colectivo, garantizando capacitación para el acceso al beneficio.
