“Esta vez somos nosotros pero le puede tocar a cualquiera”

Por Sebastián Premici para Agencia Cadena del Sur

La Comisión de DDHH sesionó en Bariloche. Las comunidades alertaron sobre la necesidad de avanzar en una ley de tierras comunitarias, para frenar el avance represivo del Estado.

La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados tuvo que constituirse en Esquel y en Bariloche en menos de cuatro meses. Es una marca de estos tiempos, donde el Estado (el Poder Ejecutivo y parte de la Justicia) se convirtió en criminal. Ayer fue el turno de Bariloche, donde los legisladores escucharon a los representantes de diferentes comunidades, incluida a la Lof Lafken Winkul Mapu, lugar donde ocurrió el asesinato de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura.

La descripción de una “democracia de baja intensidad” con la que se sindicaba al macrismo  al comienzo de su gestión, frente al avasallamiento de derechos adquiridos y la persecución de diferentes actores sociales, quedó chica a la luz de los acontecimientos. La muerte de Santiago Maldonado primero, y luego la de Rafael Nahuel, asesinado el mismo día en que velaban a Santiago, son dos crímenes de Estado.

El Gobierno puso al servicio de actores económicos concentrados todo su aparato represivo. Y la Justicia fue (y es) clave en ese entramado. Con Santiago Maldonado, la Sociedad Rural Argentina, conducida por entonces por el ahora ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) manifestaron su apoyo al accionar represivo. Etchevehere llegó a insinuar que la represión era una forma de garantizar la tan mentada seguridad jurídica para los “inversores”. En el caso de Rafael Nahuel, la CAME se sumó al coro criminal. Y los gobernadores de la región, urgidos de dinero, también contribuyeron con posturas beligerantes hacia las comunidades. Mientras tanto, la Argentina que supimos construir va quedando atrás. Hoy todos estamos en riesgo.

“Los conflictos vigentes en la Patagonia son territoriales y deben tener un abordaje político no represivo, por eso impulsamos la mesa de diálogo que viene a cubrir una falencia del Estado. En el fondo está la discusión por la extracción de los recursos naturales, los vínculos entre terratenientes y comunidades rurales, la persecución a nuestros lamiens, la  especulación inmobiliaria y ahora el sentido común para construir un enemigo interno. Esta vez somos nosotros pero le puede tocar a cualquiera”, expresó Lorena Cañuqueo, integrante de la Mesa de Diálogo, que volverá a reunirse el próximo jueves.

“Dentro de toda esta persecución que venimos sufriendo desde hace muchos años, sobre todo mi hijo por ser una cara visible que está en contra de los proyectos de destrucción de la mapu, empezó a ser un preso político. Mi otro hijo –Fausto- vino a acompañar a la Lof Lafken Winkul Mapu cuando se encuentra con esta balacera donde hieren a Rafael. Ahí deciden bajarlo del cerro con vida para pedir ayuda, pero se les muere en el camino. Ellos estuvieron encarcelados en el aeropuerto, quedaron en libertad pero ahora la fiscal apeló esa excarcelación y quiere culparlos por la muerte de Rafael”, sostuvo Isabel Huala, la madre de Facundo y Fausto Jones Huala.

Mientras sesionaba la Comisión, que en los próximos días entrará en una situación de stand by por el recambio de legisladores, el juez Gustavo Villanueva realizó una inspección ocular en el territorio donde fue asesinado Rafael.

La sesión abierta contó con representantes de las distintas comunidades, tanto de la provincia de Río Negro como de Neuquén y Chubut. Entre ellas la Coordinadora Provincial Mapuche Tehuelche, la comunidad mapuche Vuelta del Río de Chubut, la comunidad Pillán Mahuiza, la zonal Traunco, la Lof Quintriqueo y la Coordinadora del Parlamento Mapuche. Los legisladores y las legisladoras presentes fueron Victoria Donda, titular de la Comisión, Santiago Igon y Fernanda Raverta (FpV), Silvia Horne (Movimiento Evita), Natalia González (PTS) y Pablo López, del Partido Obrero.

Sobre el cierre, se planteó la necesidad de contar con nuevos instrumentos legales, como por ejemplo una ley que regule el acceso comunitario a la tierra, tal cual manda la Constitución nacional.