Fallo a favor de la educación pública para todxs

El juez porteño Darío E. Reynoso contradijo el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires y dio lugar a un recurso de amparo presentado por la mamá de un nene de 2 años que pidió que se le garantice la vacante en el nivel inicial. Se trata del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, quien ordenó al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “que arbitre los medios necesarios a fin de otorgar una vacante al niño J.R en Sala de dos (2) años, de alguno de los establecimientos preseleccionados y, en caso de no poder otorgarla, asignarla en un establecimiento educativo dependiente del GCBA que se encuentre dentro del radio de dos mil (2.000) metros a su domicilio. Además, indicó que “la inexistencia de vacantes disponibles en establecimientos referidos, deberá asignarle una vacante en algún establecimiento educativo emplazado en un distrito escolar más distante, haciéndose cargo del traslado del niño y de un adulto acompañante”.
Si bien la educación resulta obligatoria desde los cinco (5) años de edad y hasta completar, como mínimo, los trece (13) años de escolaridad (conf. artículo 24 de la CCABA y artículo 1° de la Ley N° 898), lo cierto es que ello no exime al Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la responsabilidad indelegable que le impone la Constitución local de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita a partir de los cuarenta y cinco (45) días de vida, más allá del carácter facultativo del aprovechamiento de tal servicio por parte de la ciudadanía. En otras palabras, los padres pueden decidir no escolarizar a las niñas y niños antes de los cuatro años, pues no existe obligación de hacerlo. Ahora bien, cuando desean hacerlo, la Ciudad tiene la obligación constitucional de asegurar y prever los recursos para permitir el ejercicio de ese derecho a partir de dicho momento. Todo lo cual se materializa garantizando una vacante a quien la solicite.
En el fallo, el juez Reynoso contradice al TSJ y dice que el máximo tribunal no tuvo en cuenta los artículos 24 y 10 de la Constitución de la Ciudad al denegar la vacante a una nena de dos años. “Existen –a mi entender– razones de índole constitucional que, en virtud del rol que se me ha asignado de velar la plena vigencia de la Constitución de la Ciudad y que –en mi carácter de magistrado– me convencen de no aplicar la doctrina del Superior Tribunal local al caso en cuestión”. “No puede soslayarse la disposición constitucional que impone a la Ciudad asumir “la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior” (artículo 24 CCABA, ya mencionado). Pero si alguna duda quedará, en lo que aquí interesa, acerca del alcance de esta norma, que obliga a la Ciudad a través de los términos “asegurar” y “financiar” “a partir de los 45 días de vida”, dicha duda se despeja con lo establecido en el art. 10 de la Constitución de la Ciudad que torna operativa y exigible dicha obligación en cabeza de las autoridades de esta jurisdicción”, indicó el magistrado.
La denegatoria de la vacante al niño, no solo lesiona su derecho fundamental a la educación, a la alimentación y salud, como se ha señalado hasta ahora. Sino que, a su vez, repercute en su madre, quien es el único sostén de la familia y, por lo tanto, se encuentra de forma exclusiva al cuidado de éste.