La Corte frenó una maniobra del Gobierno

El Máximo Tribunal rechazó la habilitación del Tribunal Oral Federal Nº9, que había sido sorteado para tener a cargo los juicios por el supuesto encubrimiento de la voladura de la AMIA, impulsado por la denuncia de Alberto Nisman, y la causa de lavado de dinero contra Lázaro Báez. Ambos casos involucran a la expresidenta Cristina Fernández.

En su acordada, la Corte impugnó el método de designación de los jueces y cuestionó a la Cámara de Casación Penal Federal por contemplar al TOF 9 para el sorteo de causas pese a que no tenía el aval para funcionar.

Consultados por #LaGarcía, especialistas en Derecho subrayaron que la conformación del Tribunal en cuestión fue posibilitada por la ley que impulsó el año pasado el macrismo, que dotó a los tribunales criminales de competencias federales, pese a las diferencias entre ambos fueros.

Asimismo, los especialistas destacaron que es sumamente grave que los jueces Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra hayan sido designados por mayoría simple del Consejo de la Magistratura, ya que evitaron trámites decisivos como el concurso y el debate de sus pliegos en el Senado.

Igualmente, pese a las irregularidades manifiestas, la votación de los ministros de la Corte fue dividido: si bien todos coincidieron en la nulidad de los sorteos que adjudicaron causas al TOF 9, sólo Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda objetaron la forma en que fueron designados los jueces. Elena Highton y Carlos Rosenkrantz avalaron la maniobra del oficialismo.

Con este panorama, el Tribunal Federal quedó disuelto y los sorteos anulados. De esta manera, coinciden los especialistas, la Corte frenó una maniobra del Gobierno para colonizar el fuero federal, que en las próximas semanas se iba a intensificar con más designaciones.