La Justicia en tiempos de Macri

El Relator Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, instó al Gobierno a responder por los cargos sobre presiones, arbitrariedades y manipulaciones del Poder Judicial. A través de un duro documento remitido el viernes 1º de noviembre al representante argentino en Ginebra, Carlos Foradori, el organismo dio un plazo de 60 días para que el Ejecutivo se exprese frente a las denuncias de Abogados por la Justicia Social (AJuS).

En su presentación, lxs representantes de AJuS expusieron las irregularidades en torno a la designación de magistradxs cercanxs al Gobierno, aprietes hacia jueces a cargo de causas sensibles y persecución hacia integrantes de la Justicia. Entre otros casos paradigmáticos, mencionaron el hostigamiento a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, y el pedido de jury que el propio Mauricio Macri quiso emprender contra el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Para García Sayán, «los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo».

Asimismo, el Relator indicó que «estos ataques, presuntamente, se llevaron a cabo en sintonía con los principales medios de comunicación, que también tendrían intereses en otras áreas de la economía y, por ello, identificarían al derecho laboral y a los jueces de dicho fuero como un obstáculo para sus intereses».

La presentación de AJuS se realizó en septiembre de 2018 y en junio de este año lxs integrantes de esa agrupación viajaron a Lima donde se entrevistaron con García Sayán. Ahora, el Relator instó al Gobierno a que en un plazo de 60 días responda a las denuncias planteadas. Teniendo en cuenta la cercanía del cambio de mando, en caso de que la gestión de Mauricio Macri no cumpla con el requerimiento, la respuesta deberá provenir del Gobierno entrante.

En el crítico documento también se hace referencia al intento de Macri por designar a dos jueces de la Corte Suprema a través de un decreto y a la promoción arbitraria del juez federal electoral, Juan Manuel Culotta, quien extendió su competencia como juez federal de Tres de Febrero hacia toda la provincia, luego de que el cargo quedara vacante tras la muerte de Manuel Blanco, en 2014. Sobre este caso, García Sayán señala los vínculos que este magistrado tendría con el Presidente Mauricio Macri y con el secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas.

AL ARG 01.11.19 (11.2019)