La Solidaridad es ley

El Senado aprobó durante la madrugada del sábado la ley de Emergencia Económica con 41 votos a favor, 23 rechazo y una abstención. La nueva normativa estipula aumentos por decreto de las jubilaciones, un impuesto del 30% para el dólar turista y para atesoramiento, un nuevo diagrama de tarifas de los servicios públicos y una modificación de las retenciones agrarias.

El debate, que comenzó a las 17, pero tuvo un cuarto intermedio hasta las 19.15 del viernes, se extendió por más de 10 horas y culminó cerca de las cuatro de la mañana. De esta manera, una vez que el Poder Ejecutivo promulgue la ley, se declararán las emergencias social, económica, tarifaria, energética y sanitaria.

En el inicio de la sesión, el senador cordobés Carlos Caserio explicó que el proyecto tiene como objetivo «recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina» y defendió el nuevo esquema de retenciones, al afirmar que no supone «ningún exceso» porque establece el impuesto en «los mismos valores qeu puso el (ex)presidente Macri antes de la devaluación».

«La visión del Gobierno es hacer un equilibrio. Ayudar a los más vulnerables subiéndoles a los que todavía pueden. Les pedimos un esfuerzo a todos los que sabemos que pueden dar más. Es el esfuerzo solidario que hace falta para poder equilibrar la macroeconomía», sostuvo.

Desde el macrismo, el senador Alfredo de Ángeli alertó que la iniciativa del Gobierno busca «delegar facultades» y cuestionó que «las etenciones van en contra de nuestra Constitución y perjudican a las provincias». «Son un derecho de exportación no coparticipable que tenemos que debatir», se quejó.

Por su parte, Martín Lousteau, que encabezaba el grupo de legisladores macristas que no querían dar quórum para la sesión, recordó que «en campaña el Presidente dijo que le iba a pagar a los jubilados con plata de los bancos» y criticó que con esta ley «se le paga a los jubilados con la plata de los jubilados que ganan un poco más». «Esto no es cerrar la grieta, no es buscar consenso ni trabajar juntos», afirmó el flamante vicepresidente 1º de la Cámara de Senadores.

En el cierre de la sesión, el presidente de la bancada peronista, José Mayans, apuntó contra la gestión de Mauricio Macri y dijo que «lo que hicieron con el tema del Banco Central y el endeudamiento es traición a la Patria». «Ahora escucho que todo lo que estamos haciendo está mal y dicen que todo lo que hacía Macri estaba bien. Entonces, digo ‘vamos por el camino correcto’», arremetió.

Asimismo, el legislador misionero cerró alegando que «cuatro ños se pasaron echándole la culpa al Gobierno anterior e hicieron un verdadero desastre y por eso es necesaria esta emergencia. El pueblo ahora le dijo al Presidente ‘basta de hambre, basta de pobreza, basta de niños que no tienen para comer’».

La ley sancionado este sábado contempla la declaración de las emergencias públicas en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y dota de facultades al Ejecutivo para realizar modificaciones en todos esos ámbitos.

Además, otorga herramientas al Gobierno para llevar adelante las gestiones necesarias para «recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina». En tanto, estipula un impuesto del 30% para la compra de dólares para atesoramiento, que se encuentra limitado a 200 dólares mensuales por una disposición de las autoridades macristas del Banco Central. Ese gravamen también regirá para los gastos con tarjetas de crédio en el exterior por un período de cinco años.

Este impuesto, denominado PAIS (Por una Argentina Inclusiva y Solidaria) no incluye a las compras de dólares o gastos en divisa extranjera que hayan sido efectuados antes de la entrada en vigencia de la ley. Tampoco afectará a viajes que se realicen a ciudades terrestres fronterizas. Restan algunas aclaraciones que se definirán en la reglamentación de la ley, por ejemplo, si la excepción, en principio para operaciones en pesos y en el que no intervenga el mercado cambiario, abarcará también a las compras en Aerolíneas Argentinas para destinos al exterior.

Otro de los ejes de la nueva ley tiene que ver con que lo recaudado por el impuesto PAIS se destinará en un 67% al financiamiento de los programas de la ANSES; un 3% se girará para la creación de un Fondo Solidario de Competitividad Agroindustrial que contemplará créditos para PyMEs y cooperativas; y el 30% restante solventará se destinará en un 67% al financiamiento de los programas de la ANSES, financiará el fideicomiso RENABAP y actividades para estimular el turismo local.

Por otra parte, se establece la suspensión por seis meses de la Reforma Previsional que el macrismo sancionó en 2017 en medio de una violenta represión policial en las afueras del Congreso y los aumentos jubilatorios en ese lapso se dispondrán por decreto. La polémica en este punto se vinculaba con la exclusión de las jubilaciones de privilegio que gozan jueces, expresidentes y legisladores, pero Alberto Fernández anunció que enviará al Parlamento para eliminar estos diferenciales.

Según la nueva ley, el Poder Ejecutivo podrá fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar el 33% del valor imponible: en el caso de la soja aumenta de 30% a 33% y para trigo y maíz de 12% a 15%, aunque existirán compensaciones para pequeños productores y cooperativistas. Para productos agroindustriales de economías regionales se establece una alícuota tope del 5%, al igual que para bienes industriales y servicios. En cuanto a bienes exportables hidrocarburíferos o provenientes de la minería, se reduce el tope del 12 al 8%.

También prevé una modificación del mecanismo para calcular el ajuste por inflación en los balances de las empresas. Habrá una suba de los montos mínimos para el pago de impuestos internos a la importación de vehículos, motos y embarcaciones deportivas, y se duplicarán las tasas de estadística para importar bienes de consumo. Los bonos, cajas de ahorro y plazos fijos en pesos no pagarán renta financiera.

En cuanto a las tarifas, el Poder Ejecutivo podrá intervenir el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Regulador del Gas (ENARGAS) y estará autorizado a congelar las tarifas de electricidad y gas por el plazo de 180 días, «propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias, para el año 2020». El Gobierno podrá renegociar la Revisión Tarifaria Integral vigente.

Sobre bienes personales, esta ley establece un aumento progresivo pero excluye aquellos bienes que no superen los 3 millones de pesos. La AFIP tendrá facultades para establecer un régimen de reintegros para personas humanas que revistan la condición de consumidores finales.

En la víspera, el Gobierno suprimió el artículo que obligaba a empresas de medicina prepaga a aumentar sus aportes al fondo solidario de redistribución del sistema.