No hay un plan para liberar asesinos ni violadores

El juez de Casación de la provincia de Buenos Aires Víctor Violini desmintió las versiones mediáticas sobre un plan del gobierno para liberar a 6000 presos en la provincia de Buenos Aires. En diálogo con La García, el magistrado defendió el dictamen del 10 de abril en el que acepta un habeas corpus colectivo en el marco de la emergencia por el coronavirus para otorgar prisiones domiciliarias a presxs con delitos leves pero rechaza aquellos casos en los que se cometieron delitos graves. “Quiero aclarar que no conozco a Alberto Fernández, no conozco a Cristina Kirchner y tampoco a Axel Kicillof. El habeas corpus fue una presentación que hicieron todos los defensores generales departamentales cuyo jefe es Julio Conte Grand, o sea que no podía desconocer que hacían esa presentación. En la audiencia estuvo el fiscal Carlos Altuve, que es el fiscal de Casación cuyo jefe también es Conte Grand. Tanto Altuve como los defensores oficiales y los representantes de los ministerios de Justicia y Seguridad estuvieron de acuerdo en la resolución del habeas. Luego de que Altuve dijo que estaba de acuerdo, salió atrás apelando”, afirmó Violini a La García.

La medida le otorgó la prisión domiciliaria a alrededor de 700 personas privadas de su libertad por delitos leves que integran el grupo de riesgo ante el coronavirus, eso incluye a mayores de 65 años con problemas de salud, mujeres con hijes y embarazadas. Sin embargo, el fallo excluye a quienes hayan cometido delitos graves y violentos como homicidios, piartería del asfalto o que contengan violencia de género y atentados contra la integridad sexual. El fallo siguió los planteos de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pidió garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19. En un comunicado publicado el 31 de marzo, la CIDH “insta a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia”.

El juez Violini también criticó el accionar del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, un funcionario que viene desde la gobernación de María Eugenia Vidal. “Yo puse en la resolución que Conte Grand oscila entre Torquemada y Mandela porque durante la gestión anterior se incrementó la población carcelaria en 16.000 personas, a razón de 4000 detenidos por año. En cuatro años metieron a 16.000 personas en la cárcel y el procurador era Conte Grand por eso digo que uno de los grandes responsables de la superpoblación carcelaria es este hombre”, afirmó el magistrado. “Más allá de lo expuesto, y como una mera apreciación de carácter personal, me veo obligado a observar que el señor Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, doctor Julio Marcelo Conte Grand, que ahora parece erigirse como una suerte de héroe o líder mediático en medio de la pandemia decretada, ha sido, en los cuatro años pasados, el artífice de instrucciones (nunca resistidas por parte de algunos defensores que ahora recurren) que provocaron la proliferación de pedidos de prisión preventiva (mantenidos mediante recursos) y colaboraron de modo sustancial con la superpoblación carcelaria y la situación de hacinamiento imperante, que recién ahora, en la crítica circunstancia de la pandemia mundial decretada, parece revertir a través de la Resolución N° 158/20, oscilando entre Torquemada y Mandela”, había escrito en la resolución sobre el habeas corpus colectivo.

Con respecto a las acusaciones del colectivo Actrices Argentinas sobre la prisión domiciliaria para Pedro Olmos, un hombre de 67 años que violó a una nena de 13 y que fue trasladado a su casa por ser población de riesgo ante el coronavirus, Violini sostuvo que fue una decisión del juez de Garantías de Lomas de Zamora. «La defensa presentó un hábeas corpus explicando que el detenido no está alojado en el Servicio Penitenciario sino en una Comisaría de Burzaco bajo condiciones de hacinamiento, sin tratamiento médico, que sufre neumonía, hipertensión y, que además, tiene osteoporosis por lo que está postrado en una cama sin posibilidad de movilizarse por sí mismo.Concedemos el hábeas corpus, pero lo dejamos en manos del juez de Lomas de Zamora solicitando que se resguarde la salud psicofísica de la víctima», explicó Violini en Radio La Red.

Efectivamente, en la resolución sobre el caso del día 3 de abril, previo al fallo por el habeas corpus masivo, Violini resuelve “declarar procedente la acción” y lo manda al tribunal de primera instancia, el Juzgado de Garantías Nº 5 de Lomas de Zamora, “a fin que instrumente la concesión del arresto domiciliario peticionado en favor de PEDRO OLMOS, OBSERVANDO la necesidad de resguardar no sólo la salud del peticionante sino también la incolumidad piscofísica de la víctima y debiendo INFORMAR a esta Sede la decisión adoptada”.

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Por su parte, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta expresó su rechazo a las domiciliarias para personas que cometieron delitos relacionados a la violencia de género. «Nosotros hicimos saber el 20 de marzo nuestra preocupación sobre posibles liberaciones de personas, por la sobrepoblación carcelaria, de imputados o condenados por delitos contra la integridad sexual o violencia de género. Pero claro, para eso existe el Ministerio Público Fiscal que son los que tienen la obligación por ley, no es algo que dependa del Gobierno», expresó en TN.

hABEAS

En horas de la tarde, el presidente Alberto Fernández se expresó en Twitter sobre las liberaciones de presxs. “Organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos”, escribió el mandatario.