El Tribunal Oral Nº4 aceptó el pedido de excarcelación presentado por los abogados del exvicepresidente Amado Boudou y ordenó liberarlo bajo una caución de $1 Millón, en el marco de la causa de la excalcográfica Ciccone, por la que había sido condenado a 5 años y 10 meses de prisión. Además, le impusieron una prohibición para salir del país y una tobillera electrónica.
Este lunes, la defensa del exministro de Economía había reclamado la excarcelación o dispusiera el uso de un dispositivo de rastreo GPS, luego de que el juez federal Ariel Lijo procesara el viernes a otros imputados en la causa sin prisión preventiva, a diferencia de la resolución que tomó con el funcionario en diciembre de 2017.
Los abogados se ampararon en la resolución que tomó Lijo cuando decidió procesar al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y a la ex titular de la Casa de Moneda Katya Daura sin prisión preventiva por considerar que no había posibilidades de entorpecer la investigación. Sobre este último punto basaron el recurso que hoy aprobaron las juezas Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliot. Votó en disidencia Néstor Costabel.
En su fallo, las juezas recordaron que «en nuestro Estado de Derecho rige el principio de permanencia en libertad» durante un proceso penal. «El encarcelamiento sin condena firme solo puede aplicarse excepcionalmente, y cuando se considere que existe en el caso concreto peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación», manifestaron en su voto en mayoría. A la vez, subrayaron que «a la luz de nuestra realidad carcelaria, evitar el uso abusivo de la prisión preventiva debe ser un principio rector de la magistratura».
«En definitiva, cuando se observa la conducta procesal de Amado Boudou en este y en otros procesos penales, no se encuentra la existencia de un riesgo procesal a la altura de lo que la Corte Federal exige, esto es, un riesgo cierto en el caso concreto, fundado en circunstancias objetivas y como única posibilidad de lograr el sometimiento al proceso y la realización de la ley penal sustantiva», indicaron.
Cabe recordar que Amado Boudou fue hallado culpable por el tribunal de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, pero los jueces habían requerido su detención inmediata en el penal de Ezeiza tras la lectura de la sentencia, a pesar de que el fallo no estaba firme.
Los magistrados acusaron al exfuncionario de haber adquirido el 70% de las acciones de la quebrada compañía encargada de la impresión de papel moneda y luego impulsar su salvataje, mientras era ministro de Economía. Boudou siempre negó la imputación y ratificó dicha postura durante su alegato final. Ante el tribunal, afirmó que «jamás» negoció por él o a través de terceras personas la compra de la ex Ciccone y señaló que durante el juicio se «invirtió la carga de la prueba».
Fuente: Página/12
