Oscar Trotta responde al editorial del diario La Nación

Editorial de La Nación y el dilema: Populismo sanitario vs sanitarismo mercantilista

El modelo de mercado busca penetrar fuertemente en el ámbito asistencial a través del llamado seguro universal de salud, convirtiendo a la salud en una mercancía y a la atención de la enfermedad en una actividad altamente rentable.
Así, a la apropiación de los recursos públicos que deben financiar la atención integral de la salud se suma el direccionamiento del sistema hacia prácticas y prestaciones que no responden a las necesidades sanitarias y el financiamiento se afecta, principalmente, al pago de intermediarios, y a procedimientos diagnósticos y tecnologías vinculadas a cuestiones de salud no prioritarias.

Por otro lado las empresas de medicina privada y los administradores de la seguridad social propician la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, no como una herramienta que permita racionalizar el uso de las nuevas tecnologías sanitarias sino como estrategias de contención del gasto sanitario que, visto desde la lógica empresarial, no es otra cosa que incrementar sus ganancias a costa del recorte de prestaciones de salud a sus clientes o afiliados.

Surgen entonces voces expertas que propician la introducción de esquemas de financiamiento de la salud a través de estrategias de cobertura íntimamente ligadas a la mercantilización de la atención médica, como es la Cobertura Universal de Salud (CUS) de demostrada ineficacia en otras partes del mundo.

La salud es un derecho humano fundamental, irrenunciable e inalienable. Es cierto que la responsabilidad del Estado debe ser la rectoría y el ordenamiento del sistema sanitario nacional que incluye a todos los sectores prestadores y financiadores de la salud. Pero esa rectoría y ordenamiento debe buscar ampliar la accesibilidad de toda la población a la salud integral, oportuna, amplia y de calidad, y no como propone la editorial de este diario usar el poder del Estado para recortar derechos o administrar el acceso a la salud en una suerte de Darwinismo medico que descarte a los menos aptos.

¿Qué otra cosa nos sugiere sino el párrafo “ Ante la escasez de recursos, un dilema ético es asignar esos fondos: ¿a los ancianos o a los jóvenes? “.

El dilema ético no es a quien asignar esos recursos, tal como lo plantea La Nación, sino que sectores de la economía deben ser quienes aporten los recursos para que el Estado pueda cumplir su función protectora y promotora de salud dando cobertura y accesibilidad a toda la población, sin exclusiones ni segmentaciones.

Intentar estigmatizar como populistas las políticas sanitarias de ampliación de derechos y acceso universal, integral y equitativo y pretender desacoplar el colapso sanitario de la implementación de medidas económicas que por un lado privilegian a los sectores concentrados de la economía y por el otro golpean ferozmente en las poblaciones mas desfavorecidas y que persiguen esquemas de cobertura de salud en manos del mercado, es un acto criminal.

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