Ayer por la madrugada falleció Leonardo Javier Macrino de 42 años, estaba en situación de calle desde el miércoles pasado cuando fue desalojado del hotel La Florida, en Chile 1480, porque no podía pagar. Lxs vecinxs indicaron que tenía síntomas de COVID 19. A pesar de la vigencia del decreto 320/20 que impide los desalojos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, el gobierno porteño no lo hace cumplir. Leonardo y su compañera María Soledad hicieron una ranchada en la esquina de Chile y Saenz Pena y a pesar de que varias personas llamaron en varios oportunidades al 108, la línea para personas en situación de calle en Capital Federal, los dejaron ahí porque eran sospechosxs de coronavirus.
Lxs vecinxs del barrio que asistieron a la pareja denunciaron la falta de respuesta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. “Desde el miércoles estuvimos llamando al 108 para que los vengan a amparar, recién el sábado vino el BAP (Buenos Aires presente) y les trajeron mantas pero no lo llevaron a un parador por la enfermedad que tenía el marido”, denunció Marina, una vecina del barrio que asistió a la familia.
La asociación Amigos en el Camino, que hace recorridas para dar comida a personas en situación de calle, también denunció el abandono de Leonardo y su compañera. “Desde el hotel no se respetó que no se puede desalojar y que tenía que cumplir el aislamiento obligatorio. Él no pudo pagar y fue desalojado cuando estaba enfermo. Los vecinos lo ayudaron, se llamó al BAP en varias ocasiones, le dejaron frazadas y hoy falleció. Queremos saber cuál fue la causa de su muerte porque hay compañeros voluntarios que pudieron haber estado en contacto y porque dentro del hotel hay pasajeros que estuvieron con él y necesitan ser supervisados para saber si tienen COVID”, pidió Mónica De Russis es presidenta de la asociación civil.
Desde que comenzó la cuarenta las agrupaciones sociales vienen denunciando los riesgos de las personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta habilitó nuevos paradores pero no son suficientes. El Ministerio de Desarrollo Humano porteño indicó que desde que comenzó el aislamiento se sumaron siete paradores abiertos las 24 horas con 780 nuevas plazas que suman en total 2099 camas. El segundo censo popular realizado en abril de 2019 indicó que hay 7251 personas en esa situación. Según el relevamiento hecho por organizaciones como el CELS, Abrigar Derechos, ACIJ, Asamblea Popular de Plaza Dorrego, Defensoría del Pueblo CABA, Ministerio Público de la Defensa, el 38,1 % tienen afecciones de salud y más del 50% dificultades respiratorias, lo que los convierte en más vulnerables frente al COVID19. Además, el 10% tiene más de 60 años e integra el grupo de riesgo ante el virus.
A principios de mayo, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, dispuso el cierre preventivo del Centro de Inclusión Social (CIS) de Retiro después de que 79 de las 92 personas alojadas dieron positivo en las pruebas de coronavirus.
Días antes, la agencia TELAM dio cuenta de la denuncia de Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, quien sostuvo que el testeo masivo en el parador de Retiro fue resultado de la “toma” del dispositivo. Además, desmintió que existan espacios de «aislamiento» en estos paradores para casos sospechosos de Covid 19 o para casos positivos con sintomatología leve. Ávila también destacó que la población alojada en estos dispositivos presenta distintas problemáticas que no reciben atención diferenciada correspondiente. Y señaló que se los hace acudir a los CESAC para recibir las vacunas contra la gripe y la neumonía, con el riesgo de contagio que implica.
En marzo, la Asamblea por los Derechos de los sin techo denunció distintas irregularidades en el funcionamiento de los paradores: hechos de violencia y reiteradas expulsiones por las condiciones hacinamiento. En marzo pidió la implementen de tratamientos médicos y provisión de medicamentos para las personas con afecciones mentales o por consumo de substancias prohibidas. También lxs trabajadorxs del programa Buenos Aires Presente reclamaron el cumplimiento del protocolo para evitar el contagio y la entrega de elementos de protección personal para las personas en situación de vulnerabilidad habitacional y a cada trabajador/a del BAP.
