Paradoja: la Corte Suprema se niega a cumplir la ley

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se negó a realizar la capacitación en la Ley Micaela a través del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación como establece la norma. La decisión se da después del pedido público del presidente Alberto Fernández a les integrantes del tribunal para que se instruyan en violencia de género al informar que eran las únicas autoridades máximas de los tres poderes del Estado que no lo habían hecho. Ayer, les magistrados de la Corte firmaron la resolución N° 2143/2020 en la que agradecen la invitación al Ministerio dirigido por Elizabeth Gómez Alcorta pero le indican que las actividades de “sensibilización y capacitación” las harán a través de la Oficina de la Mujer dirigida por la jueza Elena Highton de Nolasco. Ante esto, Gómez Alcorta, envió una nota al presidente de la CSJN, Carlos Rosenkrantz, para reiterarle la necesidad de coordinar una fecha para que un equipo de su cartera cumpla con la Ley 27.499.
“Le hago saber que la capacitación pendiente de realizar por las máximas autoridades del Poder Judicial de la Nación se encuentra estipulada por el artículo 6 de la mencionada Ley, tal y como había sido indicado en la nota del 23 de junio de este año”, indicó Gómez Alcorta en la nota. La ministra se refirió así al artículo sexto que indica que la capacitación al personal superior de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), suprimido a partir de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación quién se hace cargo de las obligaciones legales de su antecesor.

NOTA al CSJN 14 de Octubre

Según expresaron los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y la jueza María Elena Highton de Nolasco, «se advierte la conveniencia de emplear las estructuras e instrumentos existentes, diseñados específicamente para el Poder Judicial, para desarrollar las actividades de capacitación previstas por la ley 27.499; de manera de propender a la mayor eficacia de los objetivos propuestos a la par del mejor aprovechamiento y racionalización de los recursos con los que cuenta el Tribunal». Sin embargo, Gómez Alcorta aclaró que existe un convenio firmado entre la Corte Suprema y el ex INAM que se enmarca en los artículos 4 y 5 de la Ley que se vinculan con las capacitaciones dirigidas a todo el resto del personal del Poder Judicial. “Resulta evidente que las cláusulas de un Convenio acordado entre las partes no pueden nunca modificar la obligación que se deriva del artículo de la Ley al cual se hizo mención”, indicó la ministra.

Desde el Ministerio indicaron que la normativa dispone que son las máximas autoridades de los distintos poderes, con la colaboración de sus áreas, programas u oficinas de género y las organizaciones sindicales correspondientes, las responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones al interior de cada uno de los organismos. Además indicaron que es correcto que sea la CSJN la que determine de qué manera va a realizar las capacitaciones al interior de la institución y del Poder Judicial con la certificación de calidad de la cartera dirigida por Gómez Alcorta. Pero aclararon que las máximas autoridades de los Poderes del Estado deben ser capacitadas por el MMGyD ya que no pueden capacitarse a sí mismas.

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