Preocupación en la ONU por el espionaje ilegal

El relator especial sobre el derecho a la privacidad de las Naciones Unidas, Joseph Cannataci, le transmitió un informe a la Corte Suprema argentina en el que denunció la «vigilancia ilegal» de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a la comunidad mapuche de Chubut durante 2015. Además, el funcionario consideró que las escuchas son colectadas con una tecnología «bastante anticuada» y detectó varias «vulnerabilidades inherentes” derivadas del uso excesivo de las interceptaciones».

El documento fue elaborado por la Relatoría de la ONU en base a una presentación que realizaron varias organizaciones de la sociedad civil, alertadas por la andanada de filtraciones que se difundieron en los medios de comunicación. Cannataci cuantificó que mensualmente son interceptadas 6000 líneas telefónicas, de las cuales sólo 69 son escuchas directas y aclaró que gran parte de las interceptaciones no son escuchadas por funcionarios de la Dirección de Asistencia Legal en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), sino grabadas automáticamente en CDs sin intervención humana y luego son distribuidas a quien las haya solicitado.

En tanto, el relator de la ONU advirtió «la debilidad de los controles sobre el acceso al contenido de las interceptaciones”, y “la falta de un control independiente sobre el uso de las interceptaciones”. Según consigna el diario Página/12, Cannataci mencionó el seguimiento realizado por la AFI a 26 integrantes de una comunidad mapuche y un grupo ecologiusta de Esquel, en Chubut, a través de agentes de la AFI y policías.

En este marco, el funcionario recordó que la información recabada fue suministrada a los fiscales provinciales, «una actividad prohibida por la ley y dirigida a una comunidad vulnerable».

Para Cannataci, el Gobierno debe aumentar los recursos asignados a la protección del bienestar y la privacidad de los pueblos indígenas y debe velar porque no se reiteren las irregularidades. También recomendó una indemnización a lxs espiadxs y pidió que se realice «una revisión en profundidad de su cultura y prácticas de opacidad, actualmente impuestas por la ley».

Por otra parte, desde la Relatoría indicaron que la circulación de material clasificado impide a las Fuerzas Armadas «poner en práctica políticas de transparencia adecuadas que ayuden a fortalecer la confianza pública». También hubo críticas a la Comisión Bicameral de Inteligencia, a la que la Corte Suprema también había encomendado analizar el sistema de escuchas vigente. Según el experto, la Comisión “no utiliza al máximo su capacidad jurídica ni posee los recursos para auditar a fondo el desarrollo de casos concretos, y tampoco tiene pleno acceso al contenido de cada expediente”, por lo que recomendó la creación de un “nuevo órgano independiente con personal dedicado a tiempo completo”.