Prisión para la violencia institucional

El juez de Garantías de La Plata Eduardo Silva Pelossi dispuso la prisión preventiva para once de los trece imputados y para un funcionario municipal por la “masacre de San Miguel del Monte” en la que murieron cuatro adolescentes luego de una persecución policial que intentó ser ocultada. También se confirmó las imputaciones por homicidio agravado para cuatro de los policías bonaerenses y encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes y falsedad ideológica para el resto.

El Juzgado de Garantías 2 de La Plata, a cargo de Eduardo Silva Pelozi, dictó la prisión preventiva de los policías Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal, Mariano Ibáñez, José Alberto Domínguez, Melina Bianco, Héctor Enrique Ángel, José Manuel Durán, Franco Micucci y Nadia Genaro, y del ex funcionario municipal Claudio Martínez. La decisión judicial consideró la gravedad del delito que se investiga y la posibilidad de “eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación” por parte de los acusados. Según denunció la Comisión Provincial por la Memoria, “los familiares de las víctimas y testigos padecieron amenazas y situaciones de hostigamiento y amedrentamiento; por eso, siete de ellos tienen custodia de diferentes fuerzas federales”.

Silva Pelozi determinó la falta de mérito para los otros dos policías imputados, Juan Manuel Gutiérrez y Cristian Righero.

El magistrado de La Plata ratificó las imputaciones por homicidio agravado contra los policías García, Ecilape, Monreal e Ibáñez, y la acusación por encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes y falsedad ideológica para el resto. El juez platense considera que está comprobado que al menos dos patrulleros persiguieron, de manera injustificada y en claro abuso policial, el Fiat Spazio en el que paseaban cuatro adolescentes y un joven, y que, en el transcurso de la persecución, dispararon varias veces contra el auto, desencadenando el choque del vehículo contra un acoplado estacionado en la veda de la ruta 3.

Según indicó la CPM, que lleva adelante la acusación de dos de los chicos muertos, “después del hecho, hubo una actitud corporativa para “alterar o cuanto menos ocultar” los rastros del delito, con el propósito de ayudar a los agentes involucrados en la persecución a eludir la investigación de la justicia. El acta de procedimiento no relevó los disparos efectuados y se falsearon las declaraciones, tomadas en la dependencia policial, de vecinos y vecinas que habían testimoniado que escucharon disparos”