Rivarola, el fiscal que desahoga sus culpas con impunidad

*Por Sebastián Premici

La escena ocurrió en el primer piso de la Fiscalía de la ciudad de Esquel. El 28 de mayo de 2015, el fiscal Fernando Rivarola recibía en su despacho a un agente inteligencia de la ex SIDE de nombre Dante Domínguez. El movimiento No a la Mina seguía ejerciendo presión para evitar que empresas como Benetton iniciaran los cateos en busca de oro sobre la cordillera. Al mismo tiempo, la Pu Lof en Resistencia Cushamen, el territorio donde ocurrió la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, empezaba a ser escuchada entre las mujeres y hombres de la comarca.

El sérpico, ya en edad de jubilarse, enseñó sus credenciales y fue directo al grano: “Tengo mucha información para darle”. El fiscal no dudó y lo invitó a desembuchar. No estaba solo; lo acompañaba la fiscal María Bottini.

Resulta que Domínguez les habló un largo rato sobre Facundo Jones Huala, los movimientos dentro de la comunidad y sus conexiones; contó que había estado en el lugar, que tenía muchísimas fotografías y que no entendía como nadie –entiéndase ningún integrante de las fuerzas de seguridad de la provincia- hacia algo con la información que él tenía en su poder. “Vengo porque tenía una cuenta pendiente”, afirmó Domínguez al presentarse ante Rivarola.

El fiscal lo escuchaba y se le hacía agua la boca; no tuvo problema en violar todo tipo de legalidad al recibir información de inteligencia para congraciarse con el poder económico de la comarca andina. Domínguez le dejó un pen drive que también incluía una ficha pormenorizada de todes les militantes vinculados al No a la Mina. La reunión duró una hora y quedó registrada en un video de seguridad de la propia fiscalía.

“Llamalo a (Hernán) Alonso, acá tenemos mucha información que le interesará.” Rivarola quería pasarle toda la data de esa reunión al titular de la Sociedad Rural de Esquel, una entidad que funciona como una subsidiaria de la Compañía de Tierras del Sur (Benetton), dueña de casi 900.000 hectáreas en toda la Patagonia.

Rivarola y Bottini fueron procesados luego de haber utilizado información ilegal entregada por un ex SIDE. Parte de ese material fue clave para la detención de Jones Huala en 2016. El fiscal quería acusarlo de “terrorista” en línea con lo que después fue la doctrina Bullrich.

El magistrado que llevó la causa por espionaje fue Guido Otranto, el primer juez del caso Maldonado (artífice del encubrimiento a la Gendarmería). Pero tras un largo peregrinar, la Cámara de Casación sostuvo que no habían cometido ningún delito. No así Domínguez, cuyo procesamiento quedó firme. Entonces, Otrato firmó otro fallo en el que sostuvo, en un giro copernicano, que en realidad les fiscales no sabían que el espía había obtenido la información de manera ilegal porque básicamente “desconocían las leyes de inteligencia vigentes en el país.”

Sí, leyeron bien. Un juez de la Nación sobreseyó a dos fiscales provinciales que habían trabajado en conjunto con un agente de inteligencia con el argumento de que en realidad desconocían una ley nacional.

¿Qué perspectiva humanitaria, de género y de Justicia podría reclamársele a un fiscal que para defenderse de un delito cometido por él mismo (usar información de inteligencia obtenida de manera ilegal) alega desconocer la ley?

En este halo de impunidad, Rivarola no estuvo solo. Quien lo protegió en su momento fue el fiscal general de Chubut, Jorge Miquelarena, artífice de la construcción de un enemigo interno vinculado a la inexistente RAM junto a Patricia Bullrich; tras su absolución por el caso de espionaje, lo designó fiscal general en Rawson.

Y Miquelarena es el mismo que lo protege ahora. “El Ministerio Público Fiscal trabaja para proteger a las víctimas”, publicó en twitter, acompañado de un texto del Ministerio Público Fiscal provincial para apoyar la postura de Rivarola.

“El abuso sexual es justamente una conducta que busca el desahogo sexual del autor sabiendo que lo hace sin el consentimiento de la víctima.” No aclaren, por favor. La frase, escrita por el responsable de comunicación del MPF de Rawson, Alejandro Soulages, da cuenta de que la falta de perspectiva de género es una cuestión endémica del Poder Judicial.

“Es una muestra más de una cuenta pendiente de la agenda judicial vinculado a la enorme cantidad de operadores de la Justicia que carecen de perspectiva de género. Parte de los problemas estructurales para abordar todas las violencias es la falta de la perspectiva de género”, sostuvo la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien a su vez conoció de cerca el accionar ilegal de los operadores judiciales de Chubut durante su defensa a Jones Huala.