La Secretaría de Derechos Humanos contra el lawfare

La secretaría de Derechos Humanos anticipó que realizará un seguimiento de las causas que implicaron detenciones arbitrarias y que se enmarcaron en persecución política contra dirigentes sociales y exfuncionarios de los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Desde la secretaría que encabeza Horacio Pietragalla indicaron que pedirán informes por las condiciones de detención de Luis D’Elía.

En este contexto, el presidente Alberto Fernández afirmó este lunes que el «lawfare se instaló en Argentina en los últimos años» y apuntó contra la «complacencia judicial y mediática con el poder político que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores». Asimismo, pidió decirle «nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos».

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, el mandatario indicó que «a dos del Gobierno, comenzamos a reparar los daños realizados, exigiendo que se revisten los procesos judiciales y arbitrarios». «El Estado de Derecho fue vulnerado sistemáticamente mediante la aplicación regional de las tácticas de persecución del lawfare», puede leerse en el video mientras aparecen imágenes de Lula Da Silva y Rafael Correa.

En el material audiovisual, además, se enumeran una serie de cuestiones como la «designación por decreto en comisión de jueces de la Corte Suprema de Justicia, espionaje ilegal y extorsión contra empresarios y dirigentes opositores», e «interferencia de los servicios de inteligencia en la justicia federal».

En tanto, se denuncia que hubo «un abuso de la figura del arrepentido para extorsionar y obtener falsos testimonios» mientras aparece una imagen del exministro de Justicia Germán Garavano, y se menciona el «armado de causas y detenciones arbitrarias», acompañado con la foto de Milagro Sala.

En otro fragmento se menciona que «el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, Diego García Sayan, emitió un informe alertando sobre la existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial en Argentina».