Si soy travesti, soy prostituta

Las personas travestis y trans son uno de los grupos más vulnerabilizados durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus. Es un colectivo que durante la pandemia ve cómo se acrecienta la marginalidad histórica que padecen. #LaGarcía realizó un informe especial desde el territorio para contar sus historias y dar cuenta de las políticas públicas que el Estado Nacional lleva adelante a través del Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidad para revertir esta situación.

Las personas travestis y trans tienen una esperanza de vida de entre 35 y 41 años y sólo el 1% llega a los 60 años. Es una población en la que más del 80% se dedica a la prostitución y ve afectado sus ingresos durante el aislamiento. Tiene problemas para el acceso a los alimentos y corren peligro de desalojo en hoteles y pensiones.

Marcela Tobaldi, presidenta de la Rosa Naranja, indicó que el principal ingreso es de la prostitución. “El último estudio que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires indica que sólo el 8% de las personas trans tiene un empleo formal o semi formal. En la ciudad que es la más rica del país y la que tiene más instituciones que pueden absorbernos. Imagínate esa estadística en las provincias, ahí será sólo el 2%”, contó en diálogo con #LaGarcía.

En ese universo, las migrantes travestis y trans están aún más afectadas porque en muchos casos carecen de documentos y no pueden acceder a las políticas públicas. Irena, es brasileña e integra la Rosa Naranja, cuenta que ahora están viendo una nueva cara del Estado, diferente a la imagen represiva de los últimos años. “Creemos en esta nueva gestión de gobierno, queremos tener derecho al trabajo digno, de elegir lo que queremos trabajar. No solo pararse en la esquina como la única opción de sobrevivir, somos sujetos de lucha que tenemos capacidad pero nos falta oportunidad. Saber que hay un ministerio y una secretaría que nos ayuda a soñar este mundo que es posible con la herramienta que nos da el estado”, afirmó a este medio.

Dentro de las medidas llevadas adelante por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad está la entrega de módulos alimentarios y la intervención ante desalojos. Además, un total de 3.536 personas trans y travestis fueron incorporadas al programa Potenciar Trabajo de la Secretaría de Economía Social. Un plan que tiene como objetivo la finalización de la educación formal, la certificación en oficios y estímulos a emprendimientos productivos llevado a cabo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y el INADI.

Alba Rueda es subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación y es la primera persona trans que ocupa un cargo jerárquico de esa magnitud en el gobierno nacional. “Somos parte de la diversidad y estamos tratando de articular entre todas las instancias estatales y sociales para llegar a todas las compañeras travestis y trasn que a raíz de la cuarenta están en una situación de mucha exposición y de esa estructura de la violencia. Todas las demandas que nos hicieron llegar en todos el país, es de 7000 personas que solicitan alimento para su subsistencia diaria, los modos en que se expresa la pobreza estructural. Hambre, amenaza de desalojo en los hoteles. Las respuestas tienen que ser integrales, no solo de materia alimentaria”, explicó.