Smartmatic bajo la lupa

La jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, declaró incompetente este martes a la justicia electoral en la investigación sobre supuestas maniobras en torno a la contratación de la empresa Smartmatic. De esta manera, la magistrada cedió la investigación del caso al fuero penal, tras una denuncia presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero.

En las PASO, el letrado denunció como representante del partido Dignidad Popular que lidera el conductor Santiago Cúneo, que «el Ministerio del Interior giró 290 millones de pesos para que el Correo Argentino contrate un servicio general de digitalización de la totalidad de los telegramas de todas las mesas del país y dicha empresa terminó contratando a Smartmatic que no solo no puso una sola máquina (las PC las pagó el Ministerio del Interior, como vimos, y los scanner los pagó el Correo), y el servicio terminó resultando un fracaso absoluto».

Asimismo, añadió que «en estas condiciones parece inevitable investigar el posible fraude al Estado» ya que «la condición mínima exigida para ser adjudicataria del servicio era contar con un software cuyas prestaciones fueran suficientes como para poder efectuar el recuento provisorio de la totalidad de mesas electorales del país, habiéndose publicado en diversos medios que, a pocos días de la celebración de las elecciones primarias del 11 de agosto de este año, el software de la empresa no estaba listo».

«En efecto, las pruebas realizadas habían fallado y contaba el programa con algunas falencias para el recuento provisional de los votos, situación esta que generó dudas y temores en la gran mayoría de las agrupaciones participantes del comicio; deberían investigar entonces, si el Estado Nacional abonó efectivamente la suma de 4.500 millones de pesos por un sistema plagado de deficiencias», agregó el abogado.

En este marco, tanto la jueza Servini como el fiscal electoral, Jorge Di Lello consideraron que «siendo entonces que el objeto de denuncia es un hecho de relevancia en materia penal, por resultar ajena a esta jurisdicción especial y restrictiva, no corresponde que la justicia Federal con competencia electoral intervenga, sino que deberá intervenir el fuero federal penal de esta Capital Federal».

Cabe recordar que la jueza y el fiscal intervienen en la causa contra la firma venezolana a partir de una denuncia que realizaron lxs apoderadxs del Frente de Todxs a raíz de las falencias técnicas que presentaron las máquinas de Smartmatic.

En su fallo, Servini sostuvo que «del texto de la denuncia origen de autos se desprende que el Dr. Leonardo Martínez Herrero puso en conocimiento del Tribunal un hecho que podría resultar delictivo, consistente en un posible fraude económico en perjuicio de las arcas del Estado Nacional». Como se declaró incompetente, el expediente ahora tramitará en la justicia penal, que no sólo deberá investigar a Smartmatic, sino también a lxs funcionarixs del Gobierno que tuvieron participación en la contratación de la empresa.

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