Una condena asegurada y rápida

*Por La García en Jujuy

El jueves 2 de agosto, tras una mañana de incertidumbre sobre la salud de Milagro Sala, que aún permanecía internada en el Hospital Pablo Soria, aunque ya no por consideraciones médicas sino por orden del juez residual Pablo Pullen Llermanos, finalmente la dirigente social fue trasladada al salón Vélez Sarsfield, del Palacio de Tribunales, donde se desarrollan las audiencias del juicio conocido como “Pibes Villeros”.

Alrededor de las 16.30, los presentes fueron obligados a ponerse de pie ante el ingreso de las juezas Alejandra Tolaba, Ana Carolina Pérez Rojas y Claudia Cecilia Sadir, como si de esa manera se les ganara el respeto que sus calificaciones en los exámenes para integrar el Tribunal que presiden no les confieren.

A pocos minutos de iniciada la audiencia, la fiscal Filomena Ortíz pidió la palabra y responsabilizó exclusivamente a Milagro Sala y a su defensa por las demoras que tuvieron lugar en el debate desde el inicio del proceso. Pidió sanciones -sí, una vez más- para la dirigente social y sus abogados, como si fueran culpables de que los letrados de los distintos imputados realizaran en la primera fecha los planteos que el Código Procesal Penal habilita para el legítimo ejercicio de la defensa y se retrasara cerca de 4 horas el inicio de la lectura del requerimiento de elevación a juicio, previsto para ese día; o que fueran Milagro y sus abogados responsables de que las guardia cárceles que trasladaron a Mirta Guerrero –operada tres veces de la misma cirugía en menos de 9 meses– la hayan obligado a subir seis pisos por escalera cuando la sala queda en la planta baja, provocando que se descompensara y se demorara casi tres horas el inicio de la segunda fecha; o que fuera también Milagro, responsable de la demora del tercer día, cuando Marcelo Almasana, que fue declarado rebelde por no asistir al juicio, llegó custodiado por fuerzas de seguridad luego de haber sido detenido en Aguas Blancas. Tras ser reincorporado como imputado –se lo había apartado del proceso—se le leyó la acusación y las pruebas en su contra, retrasando la lectura del requerimiento de elevación a juicio que se esperaba termine el primer día del proceso.

Para Ortíz también la propia Milagro, seguramente por placer, optó desvanecerse y perder la conciencia mientras almorzaba con su familia el pasado martes, lo que ocasionó que la trasladaran de urgencia al hospital, donde permaneció hasta el jueves.

TOLABA HACE VALER SU REPROBADO

De los treinta imputados en la causa, veintinueve de ellos, uno a uno, tras decir su nombre, expresó que por el momento no haría declaración alguna. “Soy Olga Tufiño, por el momento no voy a declarar”. “Hola. Soy Damian Lacsi. No voy a declarar”. “Pablo Tolosa Perea, no voy a declarar”.

Milagro Sala, al hacer uso de la palabra, negó las acusaciones que la fiscalía hizo al inicio de la audiencia. “No estoy nada bien”, llegó a decir antes que las juezas la interrumpieran.

Cuando llegó el turno de Mabel Balconte, confirmó lo que su abogada antes del inicio de la audiencia ya había anticipado: que ella sí quería declarar.

En 53 minutos repitió, con la voz quebrada, casi de manera textual lo que había dicho dos años atrás, cuando de un día para el otro, cambió de abogado, de relato y de partido político: que Milagro Sala amenazaba a todos y que la líder de la Tupac llevó valijas a Buenos Aires con dinero que entregó en la Residencia Presidencial tras hablar con el Cuervo Larroque y con “El Principito”, en referencia a Máximo Kirchner. “El Principito, Máximo Kirchner, el hijo de la Presidenta, repitió al menos cuatro veces, para que a nadie le quedara dudas de que Máximo Kirchner, a quien según ella llamaban El Principito, y que es hijo de Cristina Kirchner, recibía dinero destinado a Jujuy, pero en Olivos.

Sin embargo, a la hora de las precisiones, cuando comenzaron las preguntas de los fiscales, aparecieron las lagunas del guión. Mabel Balconte, a quien alguna vez llamaron “la Milagro Sala de San Pedro”, por su activa labor social y de las dirigentes más destacadas de la Red de Organizaciones Sociales de pronto desconoció el modo asambleario de toma de decisiones, de cómo se gestionaban las obras, de su relación de íntima amistad con la dirigente a la que ahora acusa de haberla tenido bajo amenaza constante durante años. De hecho, al inicio de la audiencia, pidió refuerzos en su protección porque según habría denunciado el martes recibió nuevamente amenazas. “Ella me dijo que me iba a mandar sicarios Colombianos y que si no podía contra mi, iba a ir contra mis seres más queridos”.

Llamativamente, Mabel Balconte, que está, como el resto de los otros 29 imputados, en el banquillo de los acusados, solo aceptó preguntas de la querella. Es decir, de quienes piden su condena.

Al finalizar la declaración de más de hora y media tras las preguntas de los fiscales y en la que en varios tramos se autoincriminó y comprometió también a sus propios hijos, el abogado Juan Cabezas –defensor de Alberto Cardozo y Gustavo Martínez–, pidió la nulidad del acto. Es que al sentarse frente a las juezas, las magistradas no le advirtieron los derechos que la amparan, entre ellos el de no de declarar contra sí misma, ni contra sus descendientes. Tras el planteo de Cabezas el silencio se apoderó de la sala. Tolaba, Pérez Rojas y Sadir cruzaron miradas y dijeron que se retiraban a deliberar. Volvieron casi media hora después. Allí corrieron vista al Ministerio Público de la Acusación, a la Fiscalía de Estado, a la Oficina Anticorrupción y a la defensa de Balconte. Todos pidieron rechazar la presentación de Cabezas que, de ser aceptada, implicaba volver a tomarle toda la declaración. El 3,75 se hizo valer. La audiencia continuó su curso.

“NO SÉ COMO PREGUNTAR”

A la hora de los interrogatorios, los fiscales pasaron varios malos momentos. Fueron interrumpidos al menos en 15 ocasiones por el abogado Matías Duarte, defensor de Milagro Sala, que se oponía a las preguntas por estar mal formuladas. La jueza Tolaba le dio la razón en todas las oportunidades y exigió a los funcionarios reformular los interrogantes. En general, la queja del defensor tenía que ver con la afirmación de hechos que no habían sido mencionados en el testimonio y se daban por ciertos, o porque formulaban dos preguntas en una, cuando la técnica judicial impone que se puede plantear un interrogante por vez o bien que realizaban reiteradamente la misma pregunta, quizá para que el declarante dijera lo que ellos querían y no lo que recordaban.

El fiscal de la Oficina Anticorrupción preguntó:

– Para que diga la Señora Balconte cómo ejerció violencia psicológica la señora Sala sobre su persona.
– Nos oponemos porque la pregunta supone la admisión de un hecho que no mencionó la declarante, reclamó Matías Duarte.
– Puede reformularla, por favor, pidió Tolaba
– La señora Sala ejerció violencia sobre su persona?
– Presidenta, vuelve a realizar afirmaciones que no surgieron de la declaración, reclamó Duarte otra vez
– Reformúlela por favor, hágala más genérica, volvió a pedirle Tolaba al joven abogado.
– La reformulé varias veces. No hay forma de preguntarlo señora Presidenta, reclamó molesto Millón.

Ante la falta de capacidad de realizar correctamente el interrogante, la pregunta la hizo Tolaba. Entonces, el abogado Juan Cabezas la cuestionó por asumir funciones que no le son propias, ya que no está entre las facultades de las magistradas hacer las preguntas que deben realizar las querellas. Sin embargo, la jueza subrogante no dio lugar al reclamo.

Luego Fernández de Montiel se mostró molesta por las interrupciones. “Así es muy difícil seguir el proceso, se quejó. A cualquiera le pone los pelos de punta”, dijo, como si el defensor, otra vez, fuera responsable del desconocimiento de los fiscales a la hora de realizar las preguntas. “Le pido al tribunal que conduzca el proceso”, agregó.

DE DENUNCIANTE A DENUNCIADO

Pasadas las 23.30 horas, finalmente se sentó en la sala el primero de los testigos. Américo Celestino Romay. Luego de tomarle el juramento de ley, los fiscales comenzaron con las preguntas. Sin embargo, esta vez, el declarante no repitió lo que afirmó, o lo que supuestamente denunció, aquel viernes 15 de enero de 2016 ante la fiscal Liliana Fernández de Montiel que, ese día, mientras tomaba declaración a los primeros siete cooperativistas que se habrían presentado espontáneamente esa tarde noche, ella se encontraba en otra audiencia según los registros oficiales.

Las caras de Diego Cussel y Montiel comenzaron a desencajarse. Romay dijo que Milagro Sala nunca los obligó a facturar por obras no realizadas. Que cada uno presentaba sus facturas. También afirmó que las únicas amenazas que recibió fueron en el año 2016 y en el 2018. Llamativamente los fiscales no ahondaron en esos amedrentamientos que denunciaba en la sala el dirigente social. También dijo que todas las decisiones que se tomaban en la Red de Organizaciones eran colectivas, y que cada organización era independiente.

Fuera de sí, la fiscal dijo que entonces no entendía que declaró en aquella oportunidad y, enojada, pidió que se realice extracción de testimonio y se enviara al fiscal de turno para que investigue la posible comisión de delito de falso testimonio, penado con la privación de la libertad. Un mensaje claro para los que deban sentarse en el banquillo en las próximas audiencias. La abogada de Mabel Balconte se sumó al pedido de los fiscales que uno a uno adhirieron a la solicitud de Montiel.

Rápido de reflejos, el abogado Juan Cabezas, también solicitó que se haga extracción de testimonio, pero pidió, en cambio, que el fiscal de turno investigue a Romay no por el supuesto falso testimonio en la presente audiencia, sino en aquel entonces, cuando junto a otros cooperativistas denunció a Milagro Sala, quien sabe bajo que presiones.

UN JUICIO EXPRESS

Al finalizar la audiencia, las juezas propusieron reprogramar la agenda de testigos que debía comenzar según el cronograma estipulado en la segunda fecha del cronograma y recién desfiló el primero en la quinta. Trasladaron entonces los testimonios para los días 10, 13 y 17 de agosto. Es decir que el debate programado para los días martes, miércoles y jueves se extendió a todos los días durante dos semanas.

Los abogados reclamaron. Son la mayoría de ellos matriculados, es decir, si no atienden en sus estudios otros casos, no cobran. Sin embargo las juezas fueron inflexibles. “Debemos avanzar”.

En el sexto juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Jujuy, donde se investiga entre ellos los hechos ocurridos durante Las Noches del Apagón, en los que Carlos Pedro Blaquier está acusado como cómplice civil de la dictadura y en el que las víctimas que aún siguen vivas reclaman justicia desde hace mas de 40 años, las audiencias se realizan solo una vez por semana. Esta previsto que el proceso dure 3 años. Claro. A buen entendedor, pocas palabras

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here