La exembajadora argentina ante el Reino Unido, Alicia Castro, se presentó este martes ante el fiscal federal Jorge Di Lello para aportar datos en la causa que investiga el llamado «pacto Foradori-Duncan». La semana pasada, el fiscal había imputado al presidente Mauricio Macri, al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui y al exministro Juan José Aranguren por irregularidades en el acuerdo que prevé un vuelo entre San Pablo y las Islas Mavinas para el próximo 20 de noviembre.
La diplomática comentó en diálogo con #LaGarcía, que «este vuelo tendrá como efecto ineludible el afianzamiento de la presencia británica en las Islas, dado que sirve para el recambio de las tripulaciones de los barcos pesqueros que cuentan con licencia de pesca británica y que extraen nuestros recursos». Además, alertó que «este medio es utilizado para el traslado de los operarios de las empresas que exploran ilegalmente los hidrocarburos en las aguas circundantes a las aguas de Malvinas. Así como para el transporte de cargas, de equipos y de repuestos que requieren estas empresas».
En su dictamen, Di Lello sostuvo que corresponde investigar si los funcionarios participaron de negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido que violen la soberanía nacional y señaló que los hechos investigados comienzan «con el comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016 suscripto entre las cancillerías de ambos países».
Entre los hechos a investigar, el fiscal mencionó las «licitaciones y adjudicaciones de Áreas del Atlántico Sur a empresas británicas; el Decreto 602/19 referido a vuelos a Malvinas y concesión de permisos de pesca y explotación del territorio marítimo de la zona del Atlántico Sur». «Existe una obligación institucional por parte de esta Fiscalía, ante el posible menoscabo de la soberanía nacional, de adoptar medidas urgentes a los fines de preservar al Estado Argentino de posibles daños económicos graves a los que estaría expuesto en relación con el derecho internacional», afirmó Di Lello en su escrito.
En este sentido, Castro indicó que «este es un vuelo que plasma la ambición británica de afianzarse en el Atlántico Sur, no tiene ninguna contraprestación para Malvinas y es netamente inconstitucional además de no haber pasado por el Congreso de la Nación».
